Fedea prevé que la Ley de Empleo no mejore la formación de desempleados
Critica la falta de concreción del articulado de la iniciativa en plena tramitación
La Ley de Empleo, con la que el Gobierno pretende dar respuesta al componente 23 que incluye el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sigue su camino en el Congreso de los Diputados. No obstante, la norma –imprescindible para recibir el desembolso de los fondos Next Generation- se presenta como una medida más estética que efectiva. Según Fedea, el texto ofrece objetivos con “los que es difícil no estar de acuerdo”, pero un articulado que “no se corresponde con tan ambicioso proyecto”.
La iniciativa trata de mejorar la coordinación entre la oferta y la demanda del actual mercado laboral. Se marca como meta una mayor armonía entre las necesidades que las empresas incluyen en sus ofertas de trabajo y las características de los candidatos a cubrirlas. Para ello, propone mecanismos de formación más precisos en línea con lo exigido por la Comisión Europea.
Una batería de buenas intenciones que no cuentan con los medios financieros ni humanos para llevarse a cabo, según Fedea. En su análisis, el profesor Miguel Ángel García Díaz destaca que uno de los grandes vacíos se presenta en la propuesta de transformación del Sepe en la Agencia Española del Empleo. La iniciativa no explica las ventajas de este cambio más allá de prometer una mayor agilidad y flexibilidad de la gestión. Tampoco concreta cómo se financiarán el resto de medidas que incluye el texto, ni la obtención de los recursos necesarios para llevarlas a buen puerto.
“La experiencia demuestra que la repetición de un deseo de forma hablada o escrita”, afirma la entidad en su informe, “no se convierte en realidad por el mero hecho de hacerlo, aunque se recoja en el BOE”.
El documento cuestiona los pilares sobre los que sustenta la ley. Impone una serie de obligaciones a los servicios públicos de empleo y a los usuarios que la entidad considera “desequilibradas”. A los primeros les aplica compromisos muy concretos a cumplir en plazos breves “no realistas”, mientras que a los segundos no les detalla plazos y se encomienda al posterior desarrollo reglamentario de la norma.
El análisis apunta la “falta de concreción” de la coordinación que la iniciativa demanda a las administraciones públicas. La falta de armonía entre los gobiernos dificulta el intercambio de información necesaria para cumplir los criterios que exige el Gobierno en su texto, asegura Fedea, que echa en falta aclaraciones sobre la forma en la que esa colaboración debe llevarse a cabo. La ausencia de detalles alcanza a otros de los puntos clave, como la manera de conseguir que los programas formativos para desempleados se adecúen a las necesidades de las empresas.