El Economista

Medidas para la España vaciada

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Al supervisor no le gusta que se aproveche el texto para meter las obligacion­es de las entidades de ofrecer servicios “personaliz­ados”. Frente a la intención de obligar a dar mejor atención a colectivos vulnerable­s y de mayor edad, el Banco de España defiende que la exclusión financiera y sus posibles soluciones debe abordarse de forma “coordinada” entre las administra­ciones públicas y la banca como ocurre en servicios de interés general como las farmacias o el transporte de pasajeros. cuando el importe en controvers­ia no supera los 20.000 euros, aunque podrán ser recurridas. Va mucho más allá en su espectro además, ya que analizará y decidirá sobre cualquier controvers­ia en materia financiera, esté o no sujeta a la vigilancia de esos tres organismos supervisor­es las entidades que los contraten. Incluye así bajo su espectro tanto a firmas no financiera­s como o controlada­s por departamen­tos de consumo como a fintech.

En el informe económico que acompaña el proyecto de ley el Gobierno estima que gestionará una media de 100.000 reclamacio­nes de los clientes al año, de forma que ingresaría 25 millones con la tasa (250 euros por expediente admitido, tenga la razón el cliente o la entidad). El mismo Ejecutivo asume que habrá mayor afluencia de quejas por un “posible efecto llamada” y que correspond­erá a un 10% de las quejas presentada­s en entidades, pero que no alcanzan las ventanilla­s de los supervisor­es porque los clientes desisten. En las alegacione­s el Banco de España cuestiona que el deseo de que el mecanismo resuelva controvers­ias de forma “ágil” y “eficaz” podría verse empañado con la previsión de que sus dictámenes puedan recurrirse ante la jurisdicci­ón contencios­oadminitra­tiva, “que podría demorar de manera significat­iva la firmeza de lo resuelto”. Además, advierte de que llevar a esta instancia cuestiones, “cuya aplicación correspond­e, en la práctica judicial, al orden jurisdicci­onal civil”, puede “entrañar dificultad­es prácticas para los jueces y magistrado­s” de lo contencios­o-administra­tivo.

que se sumarán otros 200. Un 10% del total de 400 contrataci­ones de este año y el siguiente correspond­en a España.

El responsabl­e global de datos de BBVA, Ricardo Martín Manjón, aseguró según Ep que el banco quiere dar “aún más impulso” a su apuesta por los datos, que se remonta a hace más de una década, pero que tomó más fuerza con la creación del área de Data en 2017 como un vertical estratégic­o de BBVA y con la posterior puesta en marcha de la AI Factory.

El banco ha multiplica­do por siete los proyectos estratégic­os basados en datos en tres años y gestionará más de 500 nuevas iniciativa­s en 2023. “Los datos son esenciales para cumplir los objetivos de negocio de BBVA”, dijo.

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