Moncloa cede a ERC la armonización tributaria y la reforma de la sedición
Tramita por vía de urgencia a cambio de su apoyo hasta el final de la legislatura
Carmen Obregón
La negociación del Gobierno de Pedro Sánchez para obtener apoyos a sus últimos Presupuestos Generales del Estado ha tenido, no solo un coste crematístico -que se ha traducido en mayor número de inversiones para Cataluña o País Vasco, respecto a otras comunidades autónomas-, sino también, en un coste normativo, que en el caso de los independentistas catalanes, ha supuesto la entrega de la anhelada armonización fiscal que durante años ha venido exigiendo Esquerra.
En efecto, con estos Presupuestos, ERC logra lo que ya formuló vía enmienda en las anteriores Cuentas Públicas de 2022, y que finalmente fue rechazado por el PSOE. Entonces, Esquerra proponía fijar un tipo mínimo del impuesto de Patrimonio en toda España mediante la creación de una nueva cuota estatal, básicamente siguiendo el mismo esquema que el impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, y que en consecuencia acabará gravando a los contribuyentes de las comunidades de Madrid y de Andalucía, que son las que tienen bonificado este impuesto.
Ya en octubre de 2019, Pedro Sánchez declaraba su intención de armonizar el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los grandes patrimonios y “acabar así con el
Un año más tarde, el presidente del Gobierno insistía en la prioridad de renovar después de la pandemia nuestro sistema fiscal.
Atrás quedaba el rechazo frontal de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien al oponerse a la enmienda de Esquerra, argumentó el requerimiento de un trámite mediante ley orgánica, y de acometer la reforma dentro de una actuación integral que alcance a la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA).
Pero el tiempo y los últimos Presupuestos de la legislatura de Sánchez han hecho cambiar al Gobierno, quien, mediante proposición de ley, y omitiendo la competencia de una ley orgánica para regular un nuevo impuesto, ha conseguido el respaldo de sus socios de investidura. Entre ellos, el de ERC, para el trámite de urgencia que saque adelante el impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, al tiempo que prosperan los impuestos a los beneficios extraordinarios a la banca y a las energéticas.
Sin embargo, esta es la única dádiva obtenida. También en el terreno normativo, y por la puerta de atrás,
ERC ha encarrilado la derogación del delito de sedición que toca a la columna vertebral del Código Penal.
Una vez más, la operación se acomete por vía de urgencia, con proposición de ley, sin informes pertinentes ni evaluaciones de los órganos competentes, y con una puerta abierta, después de los indultos del Ejecutivo, a que los expolíticos presos, juzgados y sentenciados por el Supremo por el caso del catalán, sean rehabilitados a la vida pública en un breve periodo de tiempo, y por ende sean candidatos de las listas de sus formaciones políticas.
En plena negociación de los PGE en el Senado, no está cerrado que el delito de malversación acabe modificado -como ayer reconoció Pedro Sánchez en el Día de la Constitución- para, según las peticiones de ERC, se rebajen las penas, con nombres y apellidos, si no media enriquecimiento personal ni estructura de corrupción. A todas luces, una rebaja a la carta.
El Gobierno está ahora dispuesto a llevar a cabo una reforma limitada del delito de malversación, por el que fueron condenados los líderes independentistas del procés, aunque dejando fuera los casos de corrupción y de lucro personal. En conversación informal con los periodistas en el acto de celebración del 44 aniversario de la Constitución, el presidente Pedro Sánchez puso ayer el acento en el derecho comparado, en referencia a cómo se recoge esta cuestión en los códigos penales de países del entorno, pero quiso dejar claro que no va a retroceder en materia de lucha contra la corrupción, ni se van a rebajar penas que tengan que ver con la misma, mantuvo.
La reforma del delito de malversación es una petición de ERC, que junto a otras formaciones independentistas tiene a varios miembros del partido condenados por este tipo penal y otros tantos con causas pendientes, por las acciones que se llevaron a cabo en 2017 para intentar hacer efectiva la independencia de Cataluña.
La fórmula para modificar la malversación pasaría por una enmienda de ERC a esta proposición de ley que contase con el apoyo de las fuerzas que formen el Gobierno. El plazo de presentación de enmiendas acaba este viernes y el PSOE tiene decidido presentar algunas propuestas, pero no versarán sobre el delito de malversación. También Unidas Podemos tiene anunciadas enmiendas. Respecto al posible impacto electoral que puedan tener estas medidas -tanto la eliminación de la sedición como la reforma de la malversación-, Sánchez se mostró convencido de que la política sobre Cataluña va a ser un activo de cara a los comicios de 2023.