Nuevos impuestos para el próximo ejercicio fiscal
Con un crecimiento del 0,1% del PIB en el último trimestre, una deuda pública elevada y aún más gasto público, España se enfrenta a varios problemas que pueden lastrar el empleo y el atractivo inversor
El año cierra sus puertas, lo hace sin recuperar aún el PIB previo a la pandemia, con una tasa de inflación desconocida, los precios de la energía y de los alimentos disparados y con unos fondos europeos, los Next Generation, que no acaban de tener el efecto multiplicador. Con la idea gubernamental de que la recesión pasará de largo y no tocará al sistema productivo por nuestra menor dependencia del gas ruso, los retos del Ejecutivo pasan por levantar la estanflación, acometer medidas para reducir el alto nivel de IPC y sobre todo de la inflación subyacente, además de darle un sentido práctico y de desarrollo a las subvenciones y los préstamos que Bruselas brindará a España hasta 2026.
■ Desaceleración económica
Sin reglas fiscales –por motivo del Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania-, España se asoma a 2023 con el difícil reto de recuperar el Producto Interior Bruto que teníamos en 2019 y contener su elevada deuda pública. Ya este último trimestre nos deja caída del consumo, de las horas trabajadas, un crecimiento de apenas un 0,1%, y lo que es peor, las expectativas iniciales de Moncloa de un PIB del 7% para 2022, reducidas a un 4,6%, con perspectivas para el próximo año del 2,1%, aunque las instituciones especializadas lo dejan en un exiguo 1%. Con estos datos, la vuelta del calcetín económico pasa por medidas que aplaquen la inflación, contención de los costes laborales, además de calibrar que el efecto de los nuevos impuestos –banca, eléctricas, grandes fortunas- no desencadene subidas de precios y fuga de capitales, con la consiguiente reducción de recaudación en el IRPF y en el IVA, y la destrucción de empleo, sumado a la inseguridad jurídica que trae la marcha de inversores a países con mayores atractivos fiscales que el nuestro. En definitiva, la desaceleración o estancamiento: dicho de otro modo, poco crecimiento y mucha inflación, con otro aderezo: una reforma de las pensiones que todavía no ha resuelto la sostenibilidad que se le prometió a Bruselas y que podría empeñar aún más nuestras cuentas públicas.
■ Cambiar la tendencia ejecutoria de los fondos Next Generation
Hasta ahora, el grado de ejecución de los fondos Next Generation no ha sido ningún hito de la política de Sánchez. A dos meses del cierre del ejercicio presupuestario, el Ejecutivo solo había realizado un 23,83% del total de créditos definitivos para 2022, 6.778 millones de euros; es decir, 431 millones más que en el mes de septiembre, lo que supone un avance en los pagos del 6,8%.
Con estos bajos porcentajes, el reto del Gobierno es vital si quiere utilizar con transparencia la ejecución de los Next Generation, que ya en este próximo año deben ir acompañados de otro nuevo plan, la adenda –con las críticas de muchas comunidades por su escasa participación en el plan-. Y es que España se juega 84.000 millones más, una gran oportunidad para ayudar a cambiar la morfología de la economía española.
Y sin adenda y con ella, otra de las cuestiones que tiene por impulsar el Gobierno son los Pertes, esos proyectos estratégicos que están casi por estrenar. Pertes con inversiones que no se despliegan, con dinero atascado en los cuellos de botella de los ministerios, convocatorias desiertas por excesiva y complicada burocracia y a veces con plazos muy cortos y con poca publicidad, que acaban quitándole sentido al mecanismo Perte.
El Gobierno cierra el ejercicio presupuestario con nuevos impuestos para 2023. Esgrime que la nueva política fiscal tiene como objetivo que, ante una situación como la actual, los que más dinero tienen contribuyan más. La idea inicial es que graven los beneficios extraordinarios de la banca y de las empresas energéticas. Pero los informes advierten de las consecuencias, y es que afecten a las facturas que pagan todos los contribuyentes. El de las grandes fortunas será recurrido, y se espera que la recaudación de Madrid caiga hasta en 5.000 millones de euros, 1/4 de su Presupuesto.
■ Dos pruebas electorales y la ‘primera segunda vuelta’ en España
En apenas cuatro meses, los españoles volverán a pasar por las urnas. Si no hay sorpresas, lo harán primero para elegir a sus alcaldes y presidentes autonómicos, y unos meses más tarde para elegir nuevo presidente del Gobierno. Pero el clima plebiscitario está servido, y de hecho ya se habla de la primera segunda vuelta para Pedro Sánchez, emulando al sistema electoral francés –que concita a los electorales galos en 14 días para dirimir entre los dos candidatos que más votos obtienen, si no hay una clara mayoría absoluta-. Pues bien, nuestro sistema no se ajusta a esos cánones, pero no se le escapa a nadie que del resultado en las urnas en mayo se obtendrá una lectura política sobre la tendencia o el comportamiento que puedan tener los votantes de cara a unos comicios de carácter general, y en el fondo será una especie de segunda vuelta a la española.
Hasta ahora, y salvando la demoscópica del CIS de José Félix Tezanos –que se queda solo en sus pronósticos-, las encuestas señalan un cambio de tendencia, con barones socialistas que se quieren desligar de la marca Pedro Sánchez, que tiene ante sí, la presidencia itinerante del Consejo de Europa, como proyección internacional antes de convocar elecciones.
El panorama es otro bien distinto al de hace un año. Sánchez no competirá contra Pablo Casado, como principal rival político. Ahora tiene frente a sí a Alberto Núñez Feijóo, al que de momento, las encuestas están dándole buenas noticias, incluso en lugares inhóspitos para el PP, como es Cataluña, o en plazas perdidas desde hace tiempo, como es Baleares, con el acicate de una mayoría absoluta cosechada en Andalucía, circunstancia inédita en esa región tradicionalmente socialista, y las buenas perspectivas de Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid.
Por tanto, la segunda vuelta será para ambos líderes. Para confirmar que al presidente le queda resistencia tras la cita de mayo, y que sus Presupuestos convencen. Y también, que las decisiones políticas de derogar el delito de sedición, cambiar el delito de malversación, crear un impuesto para gravar a las rentas altas de Madrid y Andalucía o promover el cambio del sistema de elección del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial –además de los indultos al procés del 1-O-, es cosa pasada y no cobra factura.
Feijóo, por su parte, tendrá el reto de demostrar que la marcha de Pablo Casado es un verdadero revulsivo para el PP, ensanchando sus bases, como en Madrid y en Andalucía, y atrayendo votos de otras formaciones, incluso del PSOE. Su tarea será dar soluciones políticas de Estado y el despliegue de un programa que revierta la actual situación económica, además, de una vuelta al parlamentarismo de altura y a las leyes, con el consenso que requiere nuestra normativa para recuperar la imagen de seguridad jurídica.