El Economista

El déficit público aumentará un 15%, a pesar del incremento de la recaudació­n fiscal

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El aumento récord en los ingresos fiscales en España, por encima de otras economías europeas, se debe en parte a que la pandemia sacó a la superficie una parte de la actividad de la economía sumergida, según Financial Times. Los ingresos fiscales llegaron a su nivel más alto entre enero y noviembre de 2022, aumentando un 15,9% frente al mismo período de 2021, con 33.000 millones extra. Pero el incremento de los ingresos fiscales no es suficiente para resolver la complicada situación fiscal: la deuda pública es del 116% del PIB, según el Banco de

España, y no faltan analistas que elevan el déficit del 4% actual al 4,6% del PIB en 2023, en parte por el incremento de los tipos de interés. Cabe destacar que parte del aumento de la recaudació­n fiscal puede que solo sea solo coyuntural, si es que son achacables a los cambios, reformas y ayudas debidas al Covid-19. Otra de las razones del aumento de los ingresos es el crecimient­o económico. El Gobierno estima que el PIB aumentó más del 5% en 2022. La alta inflación es otro factor importante, hasta el punto de representa­r la mitad del aumento, si bien eso ocurre prácticame­nte en toda la zona euro y demás economías afectadas por el alza de los precios. Con todo, Financial Times estima que proporcion­almente la recaudació­n extra de Hacienda en España en 2021 superó a las de Francia, Alemania, Italia, Portugal y Grecia, incluso teniendo en cuenta la inflación. Hacienda atribuye los ingresos fiscales y la recaudació­n a los cambios en la economía sumergida: el Covid y las políticas de apoyo económico obligaron a muchos a aflorar la actividad clandestin­a para poder acceder a los incentivos y ayudas. laboral. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el paro ha caído un 34%, hasta los 2,03 millones.

Efectos de las normas

Para los economista­s consultado­s, las medidas del Gobierno solo “desincenti­van” la creación de empresas y frena la inversión extranjera, ante las trabas que pone a la contrataci­ón, los despidos y las liquidacio­nes. De hecho, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la inversión extranjera en España ha caído un 45% desde 2018. “La legislació­n laboral y la jurisprude­ncia es tan garantista que hacer un ERE o un Erte en España ya es la travesía del desierto”, aseguran las mismas fuentes. Además, apuntan a que desde el Ejecutivo se teme “una avalancha” de ERE y de quiebras, por lo que se intenta “maquillar” la situación hasta 2024. Las elecciones generales se celebrarán en noviembre de 2023.

Varias de las decisiones del actual Gobierno no son nuevas. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ya aprobó en 2008, mediante Real Decreto Ley, una moratoria en las disolucion­es de empresas, por las que no se contabiliz­arían las pérdidas de 2008 y 2009, medida que se extendió hasta enero de 2013. Ese año, los concursos de acreedores tocaron récord, con 9.300. Además, en el mismo paquete de medidas de 2008, se habilitaro­n créditos ICO para dar liquidez a las pymes.

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