FONDOS EUROPEOS: DECEPCIÓN Y OPORTUNIDAD
Ante el Covid-19, Europa reaccionó a la crisis sanitaria y socio económica con una respuesta inédita hasta la fecha, la creación de un instrumento financiado con deuda mutualizada de los países miembros por 800.000 millones de euros, de los que casi 750.000 se destinaban al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. España sería el segundo país que más fondos obtendría para recuperarse del golpe, suponiendo una oportunidad histórica para transformar nuestro tejido productivo, incrementar nuestro potencial de crecimiento y generar empleo estable.
La implementación del Plan español, a través de inversiones y reformas, arroja un balance con dos importantes decepciones, una por cada año de experiencia en la ejecución, 2021 y 2022. Desde la frialdad de los datos, no hay aprobado posible para la ejecución de los fondos por el gobierno. El ejercicio 2021 se saldó con una mínima ejecución, donde los pagos de fondos del Mecanismo de Recuperación ascendieron a un 45% de los 24.198 millones de euros presupuestados, movilizados en los últimos meses del año y mediante transferencias entre Administraciones Públicas. La realidad que es que apenas llegaron a la economía real.
El ejercicio 2022, que podría haber supuesto un punto de inflexión en la velocidad de distribución de los fondos, tampoco ha respondido a las previsiones. Las valoraciones que instituciones independientes hacen del impacto al PIB para este año se encuentran entre el 0,8% de AIReF y el 0,6% del Banco de España. El último dato disponible, de 30 de noviembre, muestra que de 28.459 millones de euros solo se han liberado pagos por el 29%, unos 8.200 millones de euros.
A pesar de que desde diferentes ámbitos económicos se pusieron de manifiesto los errores conceptuales en la elaboración del plan nada más conocerse, estos dos años han supuesto un baño de realidad para el sector empresarial, comunidades autónomas, partidos políticos y para el conjunto de la sociedad, que han entendido que el diseño del Plan de Recuperación español respondía a una concepción ideologizada, recentralizadora e intervencionista de lo que debe ser la inversión pública, con un gobierno muy influenciado por las teorías del “estado emprendedor” de Mariana Mazzucato.
No es de extrañar, por tanto, que sea un plan pensado por, y principalmente, para la inversión pública. El Observatorio de Esade y EY mostraba cómo las empresas solo habían percibido 2 de cada 10 euros adjudicados.
Las CCAA, sobre el papel son uno de los principales actores para la movilización de estos fondos, han descubierto que el gobierno solo contaba con ellas para ejercer de intermediarios, sin que tuvieran capacidad de decisión sobre a qué dedicar los fondos, a pesar de contar con proyectos muy relevantes en sus territorios, ni posibilidad de adaptar las directrices que recibían desde los ministerios a sus necesidades. La consecuencia es evidente. Además del enfado de las administraciones regionales, que son titulares de competencias de muchas de las inversiones del plan, provoca importantes ineficiencias en la ejecución al no encontrar potenciales clientes finales en muchas convocatorias. Lamentablemente, la cogobernanza ni ha existido, ni parece que existirá con la Adenda al plan.
El gobierno además ha demostrado encontrarse alejado de la realidad industrial y empresarial de nuestro país, con una fragmentación de convocatorias y requisitos burocráticos que ha dificultado la participación de muchas pequeñas y medianas empresas, a las que el gobierno pretende contentar con el Kit Digital. Si entendemos la transformación digital como rehacer páginas web o crear un marketplace digital tenemos un grave problema cuando las empresas en EEUU o el Sudeste Asiático trabajan en inteligencia artificial, nuevos algoritmos o computación cuántica. Si hemos recibido ya 31.000 millones de euros y solicitado el tercer desembolso por 6.000 millones, ha sido por cumplir algunos hitos, pero sobre todo reformas, sencillas. Muchas provenían del ejercicio 2020 y ya estaban aprobadas, mientras que las más complicadas, como la reforma de las pensiones, se trocearon para cumplir con la parte más sencilla al principio y ahora nos encontramos atascados cuando de verdad hay que demostrar a la Comisión la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Ninguno de los estudios conocidos de entidades independientes avala las propuestas que en este sentido ha anunciado el gobierno.
La reforma del mercado laboral ha servido tan solo para renombrar algunos tipos de contratación, pero no para que se reduzca la temporalidad. También ha servido para que dejemos de pensar en el “paro registrado” como termómetro de nuestro mercado de trabajo y tengamos que acudir al “paro efectivo” para saber cuántos españoles están sin trabajar. El ala más radical del gobierno no entiende que mientras no mejore la productividad y la competitividad de nuestras empresas, los puestos de trabajo no serán más estables. El hecho de que multitud de empresas no encuentren trabajadores cualificados para cubrir sus vacantes demuestra lo ineficaz de la reforma y lo que España debe trabajar en formación.
A todas estas cuestiones, se une la falta de transparencia del gobierno a la hora de informar y presentar los datos de la ejecución de los fondos, algo denunciado por Bruselas.
Sin embargo, tenemos una oportunidad con el Proyecto de Adenda al Plan de Recuperación, a pesar de que el gobierno no la ha consensuado con nadie, ni CCAA, ni partidos ni empresarios. Estamos a tiempo de que Nadia Calviño rectifique, introduzca mejoras en el proyecto que ha presentado sugeridas por la oposición y de flexibilidad a las regiones, que abra vías de solicitud digitales para los fondos que desplegarán los préstamos y que no quede lo descrito en el texto de la Adenda como lo que parece, mero postureo. Si no se rectifica antes de su envío, la deuda que suponen los 84.000 millones tampoco tendrá el impacto sobre el PIB previsto, tal y como ha pasado con el tramo de ayudas y con el fracaso de los Pertes.
Conviene recordar que estos fondos europeos son para los españoles, por lo que no se debe hurtar su debate y aprobación en el Congreso. Son para reindustrializar la economía y hacerla más competitiva y toda la responsabilidad, porque así lo ha querido por decisión propia, recae sobre el gobierno. Estamos ante una gran oportunidad y también la última, de que el Next Generation sea un éxito.
El Gobierno ha demostrado estar alejado de la realidad industrial y empresarial