Andalucía se suma a Murcia y Valencia para frenar el recorte del trasvase Tajo-Segura
El Gobierno de Puig alega falta de “lealtad institucional” de Transición Ecológica
La guerra del agua desatada por las medidas incluidas por el Ministerio de Transición Ecológica en el Plan de Cuenca del Júcar para recortar el trasvase al sureste español sigue su escalada. Los Gobiernos de Comunidad Valenciana y Andalucía anunciaron ayer que han presentado alegaciones a la iniciativa del departamento de Teresa Ribera para que el Consejo de Estado emita un informe desfavorable a la nueva norma que incluye un caudal ecológico mínimo superior a los límites actuales. Se suman así a Murcia que ya presentó sus alegaciones en contra hace unos días.
En el caso de la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig, los argumentos son muy críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez al asegurar que “no se ajusta a la legalidad el hecho de cambiar, posteriormente y sin aviso previo, un texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua”. El recurso considera que el Ministerio de Transición Ecológica ha vulnerado principios como la “lealtad institucional” y “confianza legítima”, además de la seguridad jurídica. La Generalitat incide en que el texto modificado tras el acuerdo adolece de “falta de criterio y rigor técnico”.
Por su parte, el Gobierno andaluz aprobó ayer emprender el mismo camino ante lo que en palabras de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, es un “hachazo grandísimo” que responde “a una decisión política, no avalada por criterios científicos”, y que da “un jaque mate a la supervivencia del Levante español, de las frutas y hortalizas”. Según la consejera, las alegaciones serán “similares a las de Murcia y Valencia”, ya que “se ha trabajo de forma unida” pese al distinto signo político valenciano.
Los sindicatos agrarios de Murcia, Alicante y Almería han convocado hoy una manifestación en Madrid como protesta y para dejar patente su rechazo a una medida aplaudida por Castilla-La Mancha.
Piden un informe desfavorable al Consejo de Estado por el cambio en el acuerdo inicial