El Gobierno reduce al mínimo los incentivos a la contratación temporal
Redirige su cuantía a impulsar el empleo indefinido de los colectivos vulnerables
El Ejecutivo redobla su ofensiva contra la contratación temporal y elimina todos los incentivos a su contratación, para redirigirlos a apuntalamiento del “empleo estable”. El primer Consejo de Ministros del año aprobó ayer el Anteproyecto de Ley que entrará en vigor el próximo mes de septiembre y que estará sometido a una permanente análisis para evaluar cuáles de sus medidas deben mantenerse y cuáles deben ser descartadas.
La norma recorta las ayudas destinadas a fomentar el paso a contrato indefinido a través de la contratación temporal, y prevé utilizar parte del ahorro fruto del final de estas bonificaciones a impulsar la reinserción de los colectivos vulnerables en el mercado laboral de manera indefinida. El texto hace dos salvedades. Mantiene los incentivos a la contratación temporal de personas con discapacidad y de víctimas de violencia de género o violencias sexuales.
Según la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, los beneficiarios serán aquellos parados de larga duración, jóvenes menores de 30 años sin formación o desempleados con edades superiores a los 45 años con grandes problemas para encontrar un puesto de trabajo.
Para los primeros, el Gobierno otorgará una bonificación de 110 euros al mes, una cantidad que se eleva a 128 euros si la contratada es una mujer parada de larga duración o una persona en situación de exclusión social. Lo mismo ocurre con el colectivo de personas mayores de 45 años. En su articulado, el anteproyecto de ley busca atajar los altos niveles de desempleo juvenil. Para ello crea una ayuda de 275 euros durante tres año dentro por la contrataciones de menores de 30 años con baja cualificación.
Además, el Ejecutivo refuerza el impulso al salto como empleados indefinidos del personal en prácticas. Para ello, aprueba una bonificación de 138 euros al mes durante tres años para aquellas empresas que les contraten o incorporen como socio en una cooperativa. La ayuda se alargará a la totalidad de la vigencia del contrato en caso de que el contratado sea una persona con discapacidad.
La norma reserva un apartado para aquellos temporales del sector agrario. Impulsa una bonificación en la cotización de 55 euros al mes durante tres años para aquellas empresas que transformen en contratos fijos discontinuos a sus trabajadores temporales. La cifra pasa a los 73 euros mensuales en el caso de que las empleadas sean mujeres. En todos los casos, la medida obliga a todas las empresas que accedan a las ayudas a mantener el puesto bonificado durante al menos tres años, e impone la devolución de la bonificación en el caso de que procedan al traslado de su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte de la Unión Europea.
Por otro lado, el Gobierno busca dar mayor relevancia a la negociación colectiva. El texto implica la posibilidad de incentivar las medidas pactadas que incluyan compromisos de mejora o incrementar el empleo.
También se incrementa la bonificación para trabajadores que presten actividad en determinados sectores de Ceuta y Melilla del 50% actual a una cuantía fija equivalente al 75% de la cotización.
Se mantienen para personas con discapacidad y víctimas de violencia de género