El desbloqueo de El Prat, Hard Rock y Rodalies reactiva 4.000 millones
El pacto ERC-PSC prevé desatascar inversiones para las infraestructuras clave
El acuerdo presupuestario alcanzado esta semana entre ERC y PSC para sacar adelante las cuentas de la Generalitat para 2023 incluye el desbloqueo de infraestructuras clave para la región que suman una inversión que alcanza los 4.000 millones de euros: mejoras para ganar capacidad en el Aeropuerto de Barcelona, completar los trámites administrativos para autorizar el complejo de ocio y juego de Hard Rock en la costa de Tarragona, y avanzar en el traspaso de Rodalies.
Se trata de compromisos políticos que no se reflejan en los Presupuestos catalanes, ya que se trata de cuestiones de competencia estatal o privada, pero que son de vital importancia para el crecimiento económico de la autonomía a medio y largo plazo.
Si se cumple lo pactado, este año Gobierno y Generalitat deben acordar una comisión técnica que permita acordar cómo transformar el Aeropuerto de Barcelona para que gane capacidad y se convierta en un verdadero hub intercontinental, respetando la biodiversidad, la convivencia vecinal y las directivas ambientales europeas, con un debate técnico “sin apriorismos” para buscar el consenso, facilitar el desarrollo de un modelo aeroportuario en el que la Generalitat forme parte de la gobernanza y que permita la conexión con alta velocidad ferroviaria de los aeropuertos de Girona y Reus.
Con este redactado se vuelve al punto de partida previo a la propuesta de Aena de ampliar El Prat con una nueva terminal y la prolongación de la pista principal, algo que ERC rechaza. Sea cual sea la solución definitiva, las inversiones requeridas no deben diferir mucho de los 1.700 millones de euros que planteaba Aena antes del acuerdo truncado por parte del Govern en 2021, y ahora se recupera un calendario negociador.
Nuevos traspaso
Respecto a nuevos traspasos a la Generalitat vinculados a Rodalies, también este año debe ser clave. El Ministerio de Transportes ya estaba dispuesto en 2022 a transferir los recursos económicos para su gestión, que es competencia del Ejecutivo catalán desde 2010, pero la administración catalana pedía más. El acuerdo rubricado con el PSC incluye no solo pactar los recursos económicos en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, sino también la cesión de la titularidad de las infraestructuras que puedan ser segregadas de la Red Ferroviaria de Interés General dentro de Cataluña, y acordar con Renfe “las actuaciones necesarias para adquirir y mejorar los trenes y los talleres mientras la Generalitat no disponga de un operador propio preparado y en disposición para prestar los servicios de forma integral”. A finales de 2021, el Gobierno estimaba que los recursos económicos para Rodalies se movían en una horquilla entre los 270 y los 350 millones de euros anuales, si bien la cifra definitiva debe todavía fijarse.
En el caso del proyecto de Hard
2023 debe poner fin a los retrasos por desencuentros políticos y trabas administrativas
Rock en Tarragona, los trámites ambientales y urbanísticos lo llevan postergando desde su adjudicación hace cinco años. Los planes de la multinacional estadounidense contemplan la construcción de un gran hotel con casino, un espacio para acoger eventos de hasta 15.000 espectadores, y alianzas con Value Retail y PortAventura para añadir un área comercial y un hotel para público familiar. La inversión total proyectada es de 2.000 millones de euros, con una primera fase de 700 millones y un impacto económico local de unos 1.300 millones.
El compromiso rubricado este 1 de febrero entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el líder del PSC, Salvador Illa, recoge que este 2023 se deberán completar los procesos relacionados con el inicio del proyecto del Consorcio Recreativo y Turístico de Salou y Vila-seca -espacio donde está previsto que se ubique el complejo-, previa aprobación definitiva del Plan de Desarrollo Urbanístico, durante el primer semestre de 2023. También se debe mantener la disponibilidad de los terrenos -propiedad de La Caixa y en cuya compraventa la Generalitat actuará como intermediario, con una valoración de 120 millones- como paso previo a la evolución del proyecto.