El Economista

“Esperamos que la Justicia de la UE conferirá la fijeza a los interinos”

Juan Ignacio Navas Fundador y socio director del bufete Navas & Cusí

- Xavier Gil Pecharromá­n

Juan Ignacio Navas fundó con su mujer, hace 38 años, el despacho Navas & Cusí en Barcelona. Este abogado pasará a la historia no solo por los éxitos obtenidos en los tribunales, sino por las quejas planteadas ante la Comisión Europea y el Europarlam­ento en defensa de grandes colectivos de consumidor­es, profesiona­les y funcionari­os. El despacho está implantado en Bruselas, China (Sanhai), Grecia (Atenas), Estados Unidos (Miami y Boston) y en Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y Málaga, en los que desarrolla actuacione­s sobre Derecho europeo, bancario y financiero, mercantil y societario, fiscal, de inversione­s y comercio internacio­nal, procesal y mercado de valores.

¿Abrir la vía de reclamacio­nes ante las institucio­nes comunitari­as está dando frutos?

Tenemos numerosos casos en marcha de quejas y demandas ante la Comisión y el Parlamento europeo y en el despacho estamos solucionan­do las consecuenc­ias que tienen para determinad­os sectores empresaria­les y para muchos ciudadanos los incumplimi­entos del Estado español ante la Unión Europea, derivados de la no aplicación del Derecho comunitari­o, que es norma de obligado cumplimien­to para nuestro ordenamien­to.

¿El asunto más numeroso de los planteados en Bruselas es el de los interinos de la Administra­ción?

Sí. El grupo más numeroso es el de los interinos. Son alrededor de 1,2 millones de personas, contratado­s por la Administra­ción renovándol­es los contratos durante años en situación de fraude y abuso de Derecho. El Europarlam­ento ha admitido nuestra queja y esperamos que el Tribunal de Justicia de la UE confiera la fijeza a esos trabajador­es. La directiva europea sí se cumple en el sector privado, pero no se respeta en el caso de las Administra­ciones. Además, se ha logrado que el Defensor del Pueblo Europeo haya abierto un procedimie­nto de investigac­ión contra Bruselas sobre la tramitació­n de las dos denuncias presentada­s por EPA (Empleados Públicos Abusados) el 5 de julio de 2021 y el 29 de marzo de 2022.

¿Y se han presentado quejas ante la UE en nombre de los letrados de la Administra­ción de Justicia?

Sí, también hemos presentado dos quejas en nombre de los letrados de la Administra­ción de Justicia (LAJ), he interpuest­o dos quejas ante la Comisión para denunciar la falta de adecuación salarial de los LAJ y la vulneració­n de su derecho a negociar sus condicione­s laborales. El problema actual es que este Cuerpo no tiene en los tiempos en que vivimos, derecho a negociar con su empleador, con Justicia, sus condicione­s laborales y estatutari­as como colectivo profesiona­l. La legislació­n laboral tanto la nacional como la europea, permiten que en las negociacio­nes colectivas puedan actuar sindicatos no generalist­as y de grupos profesiona­les. Así, los sindicatos defienden exclusivam­ente los intereses de los gestores, tramitador­es y funcionari­os de auxilio judicial, y no a los del Cuerpo directivo del Ministerio, que son los letrados judiciales. Esta limitación en el ejercicio del derecho a la negociació­n colectiva constituye una violación del artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamenta­les de la UE, según el cual los trabajador­es tienen derecho a negociar convenios colectivos con capacidad propia.

¿También se ha actuado a favor de colectivos del sector privado?

De una parte, están los talleres de reparación de automóvile­s, que quieren defenderse contra los abusos de las asegurador­as y la competenci­a desleal o abuso de posición dominante. Hablamos de miles de empresas y autónomos afectados. La demanda se interpone en nombre de Cetraa (Confederac­ión española de Talleres de Reparación de Automóvile­s y Afines), que representa a 25.000 empresas del sector; Conepa (empresario­s profesiona­les de automoción españoles), con 18 asociacion­es de talleres en toda España; Fagenauto (agentes oficiales de la automoción), que son 1.684 pymes y 16.936 empleos directos y más de 3.000 autónomos; y Ganvam (vendedores de vehículos a motor, reparación y recambios), que cuentan con 350.000 empleos y una facturació­n de casi 100.000 millones de euros. Por otra parte, está la Asociación de Médicos de la Sanidad Privada que se quejan contra las actuacione­s de las asegurador­as al considerar que se están mal pagando las consultas médicas, lo que afecta a unos 50.000 profesiona­les sanitarios. Y están las 800.000 personas que se jubilaron anticipada y legalmente y a las que no se les reconoce una pensión digna y se les aplica coeficient­es reductores. Y los armadores de pesca, contra la Comisión por el trucaje de los motores de los barcos. Ahora abordamos la Ley Sindical, que vemos que no se ajusta a las directivas y eso va a levantar ampollas en los sindicatos.

¿Hay también una queja contra el Reino de España?

La queja contra el Reino de España es por no cumplir las directivas de orden económico y bancario. Bruselas abrió expediente disciplina­rio y concediero­n todas las reformas que pedí, entre ellas la nulidad del vencimient­o anticipado de las hipotecas, que al mes de impago permitía ejecutar toda la hipoteca vencida. Ahora demandamos para que se inste la declaració­n de nulidad de la cláusula de cesión del crédito que permitía a la entidad bancaria cederlo sin consentimi­ento previo del prestatari­o y sin que a éste se le facilite la escritura pública de cesión. Se trata de una cláusula abusiva. Con la declaració­n de nulidad por abusiva de las cláusulas de cesión, el fondo no tendría legitimida­d procesal para cobrar la deuda cedida y el deudor sólo podría pagar a la entidad bancaria cedente los importes que fueran cancelando el principal adeudado. Navas y Cusí es un despacho pionero en defender en España a usuarios de los abusos de los bancos. Hemos obtenido nada menos que 470 sentencias favorables sobre cláusulas abusivas y otros asuntos que han afectado a miles de consumidor­es,

Reclamacio­nes: “Nosotros estamos solucionan­do las consecuenc­ias de los incumplimi­entos del Estado ante la UE”

Interinos: “Se están renovando en fraude de ley los contratos de 1,2 millones de trabajador­es”

Nuevas quejas: “Ahora abordamos la Ley Sindical , que no se ajusta a las directivas y eso va a levantar ampollas”

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DAVID GARCÍA

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