OTRO ERROR: LA CONGELACIÓN HIPOTECARIA
El vedetismo de Yolanda Díaz la ha llevado a decir que se deberían “congelar” las hipotecas referenciadas a interés variable porque la subida del euríbor hace que los deudores hipotecarios no tengan recursos para pagarlas. Es decir que, por un lado, el BCE sube los tipos de interés y, por otro, Yolanda Díaz los baja. O los congela. Frente a la política europea antiinflacionaria, Yolanda Díaz opone su propio criterio de andar por casa y contrarresta las decisiones del BCE adoptando la fórmula exactamente contraria. Esto es, literalmente, un sabotaje a la política europea. Y desde luego una fórmula más para que la inflación siga subiendo.
En España se cuenta ya con un Código de Buenas Prácticas aprobado por el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos que obliga al Banco a reestructurar la deuda para que el deudor en situación temporal de falta de recursos pueda asumir los pagos. Pero esto es claramente insuficiente porque es cierto que los tipos de interés al alza encarecen las hipotecas y que esos tipos seguirán subiendo hasta que el galope inflacionario sea sujetado en torno al 2%.
La solución pasa por adoptar un sistema análogo al denominado Fondo Gasparrini italiano que, desde 2007 prevé la posibilidad, para los titulares de una hipoteca contraída para la adquisición de una primera vivienda, de beneficiarse de la suspensión del pago de las cuotas en caso de situaciones de dificultad temporal (como la pérdida de empleo, por ejemplo). El Fondo permite que el deudor suspenda hasta por 18 meses (sucesivos o no), el pago de la cuota del préstamo para la adquisición de vivienda habitual. Dicho Fondo asume la devolución del capital y los intereses mensuales que correspondan durante el periodo de suspensión (excepto el margen de beneficio). La duración del contrato se prorroga por un período igual al de la suspensión y al término de ésta, se reanuda el pago de las cuotas de acuerdo con las condiciones originales, salvo que las partes hayan renegociado las condiciones del contrato.
La constitución de un Fondo de solidaridad con este fin no puede ser un problema para un Gobierno atento a las necesidades sociales que, además, está recaudando más que nunca y está recibiendo fondos europeos precisamente para iniciativas como esta. Constituir un Fondo de solidaridad como este es, desde luego, más eficaz que gastar lo mismo en ocurrencias fragmentarias, inconexas e ingestionables o en congelar los tipos de interés para que no solo crezca la inflación, sino para que España sea un punto de fuga de las actuaciones coordinadas del BCE.
La suspensión del pago de las cuotas hipotecarias y el aplazamiento de sus calendarios de amortización permitiría a los deudores salvar sus viviendas, desde luego, pero también permite a los bancos seguir considerando realizables esos créditos. Naturalmente, el aplazamiento del plan de amortización no garantiza que, al final del período de moratoria, todos los deudores estén en condiciones de reanudar el pago regular de las cuotas. Pero sin la suspensión, los bancos tendrían que clasificar una buena parte de sus créditos hipotecarios como incobrables, con un coste muchísimo mayor, dado que la suspensión de los pagos trata de impedir que muchos préstamos se constituyan en mora debido a la crisis de liquidez de muchas familias.
Si el Fondo abona las cuotas y los intereses -los intereses reales según la evolución del euríbor- menos el margen de beneficio, los deudores conservarán sus viviendas, los bancos asumirán un coste muchísimo menor que si una pequeña parte de los préstamos en riesgo se convirtieran efectivamente en incobrables y el Estado sería efectivamente un instrumento de garantía de igualdad y de solidaridad.
Lo que no cabe contemplar es la perniciosa idea de que las hipotecas congelen el tipo de interés para que el euríbor deje de ser lo que es y se genere la deformación del mercado hipotecario y una política inflacionaria.
Yolanda Díaz opone su criterio de andar por casa para contrarrestar las decisiones del BCE