Las empresas podrán exigir todavía el uso de la mascarilla en caso de brote
El Gobierno elimina la obligatoriedad en el transporte, pero la mantiene en hospitales
El Consejo de Ministros dió ayer un paso más hacia la normalidad postpandemia. Desde hoy queda eliminado el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público. Sin embargo, la modificación del real decreto guarda varias salvedades. El Gobierno deja en manos de las empresas el imponer la mascarilla en caso de detección de brotes de Covid-19 en entornos laborales, “dejamos ese margen, como una cláusula de salvaguardia para que los servicios de riesgos laborales de las empresas puedan decidir”, aseguró la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior a la reunión en el Palacio de la Moncloa.
Además, el Ejecutivo mantiene su uso obligado para los empleados de los centros sociosanitarios y para aquellas personas que acudan a visitar a las personas que viven en ellos. Un punto, este último, que podría ser modificado en el futuro, “tendremos que ir evaluando”, dijo la titular de Sanidad en relación a los próximos pasos. También prolonga el catálogo de recomendaciones que seguirán vigentes. El Gobierno aconseja utilizar la mascarilla en espacios cerrados en los que haya personas con síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda, en eventos multitudinarios o en el entorno familiar y reuniones en presencia de miembros vulnerables.
Darias reveló los datos de incidencia actualizados. La ministra aseguró que la afección acumulada a 14 días en mayores de 60 años es de 50,7 casos por 100.000 habitantes. Las camas ocupadas por pacientes representan un 1,6%, “uno de los datos más bajos de la pandemia”, aseguró.
Agencia de Salud Pública
Además, el Consejo de Ministros impulsó ayer la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que será enviada a las Cortes para su remisión por el procedimiento de urgencia.
El organismo nacerá con la intención de poner orden dentro del laberinto de competencias en caso de alerta sanitaria. “Es verdad que la pandemia nos ha dejado muchas lecciones, y una de ellas es la necesidad imperiosa de contar con esta agencia”, dijo Darias, que detalló que sus funciones serán las de anticiparse, gestionar, coordinar y analizar respuestas ante futuras crisis sanitarias. Además, desarrollará acciones para prevenir, promocionar el conocimiento y asesorar en los problemas de salud.
El Ejecutivo aprobó ayer encargar a Tragsatec, la división tecnológica del grupo de empresas públicas, de la asistencia técnica para agilizar la participación de los pequeños municipios, diputaciones y comunidades autónomas en los fondos europeos. El acuerdo cuenta con un valor de 69 millones de euros y se alargará hasta el 2027. La adhesión por parte de las administraciones públicas será voluntaria
“Estamos en un momento clave y trascendental”, reconoció la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que aseguró que el encargo no responde a un presunto retraso en el proceso de ejecución. “El Gobierno está satisfecho con el desarrollo del mismo, pero queremos mejorar aun más todas las herramientas para agilizar los trámites, las gestiones y la ejecución”, añadió.
Según indicó Rodríguez, se han celebrado más de 130 conferencias sectoriales y actualmente las comunidades autónomas están participando en la elaboración de la Adenda al Plan de Recuperación, que se enviará a Bruselas este primer trimestre.
La incidencia cae a los 50,7 casos por cada 100.000 habitantes mayores de 60 años