Díaz busca ahora un pacto de rentas tras subir un 8% el SMI
La vicepresidenta pide a la CEOE “estar a la altura de las circunstancias” y reclama su vuelta a la mesa de negociaciones
El Consejo de Ministros aprueba la nueva revalorización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas. La subida, la sexta desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, beneficiará a dos millones y medio de trabajadores en España y lo hará con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, por lo que los receptores deberán recibir una compensación en sus próximas nóminas. El objetivo es amortiguar el mordisco de los precios sobre el poder adquisitivo de las rentas más bajas, en un contexto en el que el encarecimiento de los alimentos, disparados un 15,7%, no deja de estrangular las finanzas de las familias. La medida sale adelante con el aval de los sindicatos, pero no de la CEOE, que se desmarcó del acuerdo al considerar que el incremento del 8% del SMI era excesivo y que podría afectar a las empresas.
Cumplido su objetivo, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se marca como objetivo restablecer el fallido pacto de rentas. Para ello es necesario lograr el retorno de la patronal a la mesa de la negociación, después de la ruptura de las interlocuciones. “Nosotros hemos cumplido, pero los agentes tienen que estar a la altura de las circunstancias de su país”, dijo la también titular de Trabajo en referencia a la organización de empresarios. El empeño de la ministra se antoja complicado. El propio Antonio Garamendi aseguró ayer sentirse “injustamente tratado” por el Ejecutivo, al que acusa de actuar de manera “unilateral”. No ocurre lo mismo con los sindicatos, fuentes de la organización aseguran que mantienen contactos bilaterales con UGT y CCOO “con enorme discreción”.
No es la primera vez que un miembro del Gobierno trata de recomponer el diálogo social. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no ha dejado durante los últimos meses de buscar un acercamiento con la CEOE, a pesar del deterioro de las relaciones entre Moncloa y la organización de empresarios. Desde la firma del acuerdo que puso los cimientos a la reforma laboral, Sánchez y Garamendi no han dejado de alejar posturas. El detonante tuvo lugar el pasado mes de diciembre, cuando los socios de coalición pactaron con EH Bildu una enmienda a la Ley de Empleo por la que se otorga mayor poder a la Inspección de Trabajo en los despidos colectivos. Tras ello, la patronal anunció la ruptura de su interlocución con el Gobierno. El pasado 31 de enero el pulso se aceleró, después de que el jefe del Ejecutivo adelantara la subida del SMI aprobada ayer durante su cara a cara con el popular Alberto Núñez Feijóo en el Senado.
El anuncio no fue bien recibido en la sede de la CEOE. El líder de la patronal no acudió al foro empresarial organizado por la propia CEOE un día más después en Rabat alegando “motivos personales”, pero sí asistió a una reunión con el equipo del programa electoral del Partido Popular celebrado el 2 de febrero en Madrid.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) defiende que la subida del salario mínimo a 1.080 euros mensuales en 14 pagas afectará al 40% de las pequeñas y medianas corporaciones. Desde la patronal aseguran que estas empresas “son las que más acusan el alza de los costes laborales derivada del aumento del SMI por su reducida estructura, su pequeña plantilla, su menor productividad e inferior aprovechamiento de las economías de escala”.
Según Cepyme, para que un trabajador pueda recibir esa cuantía, el empresario debe desembolsar entre 1.654 y 1.734 euros mensuales, en función del tipo de cotización por accidentes laborales. Además, apuntan que, si se tienen en cuenta los periodos en los que el trabajador no realiza su actividad (a el absentismo, las bajas y los periodos vacacionales y días no laborables), el coste real de la subida se dispara hasta los 2.000 euros mensuales por trabajador.
El nuevo SMI supone para el empresario un desembolso de entre 1.654 y 1.734 euros
Esta actualización se traduce en que el SMI ya es más del 70% del salario medio de las pymes, como refleja Cepyme en su informe Repercusión de la Subida del SMI en la Pyme Española. Es decir, cuatro de cada diez pymes deben subir sus salarios tras la actualización del SMI para 2023.
“Por ello, desde Cepyme se considera que la subida del salario mínimo ha de ser acorde a las condiciones de la coyuntura que afrontan las pymes, que precisamente en estos momentos soportan el efecto de la inflación en sus suministros y provisiones, además del alza general de las cotizaciones a la Seguridad Social”, expresa Cepyme.
Para la patronal, no tiene sentido la subida debido a que el propio informe de la Comisión Asesora sobre el salario mínimo reconoce que la actualización acrecenta la probabilidad de pérdida de empleo entre un 7,8% y un 9%. Según el servicio de estudios de la patronal, “el aumento del SMI desde 2018, del 47%, ha provocado la destrucción de 105.800 puestos de trabajo y evitado la creación de 150.400 empleos, minando en especial a los colectivos de más difícil inserción”.