JUECES AL RESCATE O MONTESQUIEU VIVE
La justicia defiende mejor al Estado que el Gobierno de Sánchez. Estas palabras, pronunciadas desde la Tribuna del Congreso durante el debate de la proposición de Ley para tipificar como delito el referéndum ilegal, cobraban todo su sentido tras la revisión del Tribunal Supremo de la sentencia del procés que confirma a la Justicia como la auténtica salvaguarda de la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho frente a las decisiones autoritarias del sanchismo gobernante.
Un auto demoledor el del máximo órgano judicial del Estado que resucita a Montesquieu y deja al descubierto todas las vergüenzas de la reforma del Código Penal del Ejecutivo para eliminar el delito de sedición y rebajar la malversación para favorecer a sus socios de ERC. Reforma desmañada que, al igual que lo ocurrido con la nefasta ley del sí es sí, va a tener el efecto contrario de lo pretendido. Porque si esta aberración legal ha reducido las penas a más de 500 violadores, pederastas y delincuentes sexuales y ha sacado de la cárcel a más de medio centenar –y los que quedan– la rebaja atenuada de la malversación va a devolver la libertad y eliminar la inhabilitación a un sin número de condenados por corrupción aunque no a los que querían Pedro Sánchez y los golpistas catalanes.
La organización de un referéndum como el del 1-O mediante fondos públicos no puede entenderse como una malversación atenuada, argumenta el Tribunal mientras que rechaza la petición de la Fiscalía de imponerles el delito de desórdenes públicos porque lo que hicieron fue “un cúmulo de actuaciones tendentes a lograr la separación de una parte del territorio del Estado pero sin violencia”, lo que en la práctica se traduce en que Oriol Junqueras permanecerá inhabilitado hasta 2031 y no podrá presentarse a las elecciones como era su deseo.
Por el mismo argumento los 21 procesados por la intentona secesionista que aún no han sido juzgados deberán ir a juicio y enfrentarse a penas de hasta seis años de cárcel, en contra de las pretensiones del sanchismo, al que el Supremo denuncia por haber dejado al Estado sin protección ante posibles golpes de Estado o rebeliones secesionistas, máxime cuando los condenados por el 17-O han declarado que lo volverán a hacer.
La Sala, presidida por Manuel Marchena, censura también que la reforma penal del gobierno deja impunes los procesos secesionistas que no vayan acompañados de actos de violencia o intimidación, afirmando textualmente que “el efecto inmediato de la reforma ha consistido en generar un vacío normativo en el que hechos como los que fueron enjuiciados en la sentencia que ahora se revisa pueden topar con visibles grietas de tipicidad”, para concluir que “a partir de su entrada en vigor, la fractura del marco jurídico que hace posible la convivencia, el desbordamiento de los límites competenciales propios de la estructura del Estado
y la tenaz desobediencia a los requerimientos judiciales solo serán constitutivos de delito si van acompañados de actos de violencia o intimidación” .
Párrafos demoledores y reveladores de la incapacidad legislativa del Gobierno que genera también altas dosis de inseguridad jurídica, penalizando la creación de empleo y la inversión, como en el caso de la última ocurrencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciando un endurecimiento de las indemnizaciones por despido en contra de la reforma laboral que ella misma pactó con sindicatos y empresarios.
Incompetencia legislativa de un Gobierno que se mueve solo por sus intereses, con decisiones democráticamente cuestionables y socialmente condenables, mientras se desentiende de los problemas reales de los ciudadanos y, en especial, de las mujeres, a las que deja desprotegidas ante sus agresores, dilatando en el tiempo la reforma de la citada ley del sí es sí y rechazando la mano tendida del Partido Popular tras la retirada del apoyo de sus socios de la Frankestein, seguramente porque les importa más su permanencia en el poder que el sufrimiento de las víctimas. Sepulcros blanqueados de una banda en descomposición.
La Justicia se ha convertido en la salvaguarda de la democracia y la Constitución