Cifra en 450 millones el impacto del impuesto

Repsol tendrá que pagar este año unos 450 millones de euros por el impuesto al sector energético establecido por el Gobierno. Así lo reveló ayer Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, en la conferencia con analistas posterior a la publicación de sus resultados de 2022.

En el mismo encuentro, Imaz confirmó que seguirá todos los “cauces legales” para conseguir pararlo. El gravamen extraordinario y temporal recae sobre el 1,2% de los ingresos de aquellas compañías que registren unas ventas superiores a los 1.000 millones de euros anuales.

La petrolera realizará el pago extraordinario de este impuesto en dos partes. La primera tendrá lugar en el mes de febrero y la otra en septiembre. En cualquier caso, el impuesto no tendrá un impacto “material” en las cuentas de 2023.

“Considerar extraordinario un beneficio que se obtiene de un gran esfuerzo inversor y penalizarlo frente al que se dedica a importar productos de otros continentes sin crear un solo empleo industrial, es, además de injusto, incomprensible y perjudicial para la economía española”, aseguró el consejero delegado de la multinacional española. Según declaró Imaz, el debate social sobre los beneficios empresariales requiere ponerlo en contexto. “Los mensajes populistas solo sirven para dificultar la actividad empresarial, provocar desconfianza en los inversores, reducir la inversión y la actividad económica, disminuir la recaudación de impuestos y poner en riesgo el empleo industrial. Frente a estos mensajes, Repsol apuesta por un camino de responsabilidad con la sociedad”, añadió.