Moncloa da por “ejecutado” el 75% de los ‘NextGen’ sin detallar los pagos
El Gobierno asegura que su ritmo de gestión crece más de un 13% hasta 2022
El Gobierno aceleró el ritmo de ejecución de los fondos europeos a partir de la segunda mitad de 2022. A cuatro días de la llegada de la misión del Parlamento Europeo encargada de verificar la gestión de los Next Generation, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que el compás de la movilización creció un 13,6% en 2022, con respecto al año anterior, hasta los 25.143 millones autorizados. El punto de inflexión se alcanzó a partir del tercer trimestre de año, periodo en el que el dinamismo en la gestión se impulsó, según la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que destacó que desde la puesta en marcha del Plan de Recuperación -en 2020el Gobierno ha “ejecutado” el 75% del total de los créditos financiados a través de Bruselas. “Nos referimos a una cuantía adjudicada, resuelta y de la que el beneficiario sabe que es beneficiario”, aclaró Montero. Sin embargo, la titular de Hacienda no concretó la cifra final ingresada en la economía real ni en el bolsillo de los destinatarios.
Lo que sí anticipó Calviño fue que el impacto económico del Plan de Recuperación sobre el nivel del PIB, “es del 2,6% de media al año para el periodo 2021-2031, si bien este impacto se elevará hasta el 3% de media en esta década al sumar los recursos previstos en la Adenda”, que Moncloa espera que sea aprobada durante los próximos días. Según las estimaciones realizadas por el departamento de Asuntos Europeos de LLYC, el impacto real de los fondos en la economía ascendería a los 11.000 millones de euros hasta el pasado 31 de diciembre.
Con respecto a lo que llevamos de 2023, solo en enero el Estado ya habría administrado 9.188 millones, lo que supone un 32% de lo presupuestado para todo el año. “Ya un tercio del volumen total ha experimentado algún tipo de iniciativa para su despliegue”, dijo Montero durante la presentación del último Informe de Ejecución del Plan de Recuperación, el tercero en algo más de un año. La ministra de Hacienda
confirmó que el Gobierno irá desplegando el contenido de las convocatorias y licitaciones que quedaron sin asignar a cierre de 2022.
Desgranando los datos, de los 31.000 millones de euros recibidos del presupuesto comunitario, se
asignaron más de 20.600 millones de euros a las comunidades autónomas, con las que el Ejecutivo ha celebrado 139 conferencias sectoriales. A ello se suman casi 5.000 millones de euros a las entidades locales. El pasado 7 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó encargar a la empresa pública Tragsatec una asistencia técnica con la intención de ayudar a CCAA y ayuntamientos a acelerar el ritmo de despliegue de los fondos que gestionan.
El próximo lunes aterrizará en Madrid la delegación de la Comisión Presupuestaria del Parlamento Europeo cuya presidenta, la conservadora alemana Monika Hohlmeier, se mostró escéptica sobre la gestión española. Montero recordó que “no hay un país en la UE que tenga un mecanismo de control tan perfecto como el que hemos desarrollado”, dijo con respecto al sistema CoFFEE, el programa de minería de datos que monitoriza el despliegue de los fondos revisando el cumplimiento de los hitos y objetivos y de la ejecución contable.
La CEOE considera que los Fondos Next Generation de la UE son “una oportunidad” para el tejido empresarial español, pero “no se puede permitir que las empresas, sobre todo, pymes y autónomos, se agoten en su viacrucis administrativo para llegar a estos fondos”.
Así lo indicó ayer el jefe de la Oficina de Fondos Europeos de la patronal, Luis Socías, en declaraciones a los periodistas al inicio de una jornada, organizada por la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), para informar al tejido empresarial de la situación y novedades para 2023 de estos fondos.
En el último trimestre de 2022, precisó que “notamos que ha habido una cierta velocidad adicional en la publicación de las convocatorias”.
Sin embargo, añadió que “hace falta todavía un esfuerzo en garantizar facilidad y flexibilidad en esas convocatorias”, sobre todo, en ámbitos como los Planes Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte).
La CEOE pide al Gobierno que las convocatorias sean “razonables y flexibles en los plazos, con garantías que permitan que no sea tan costoso acudir, con avales bancarios, a las ayudas”.
Otra de sus peticiones es que las cuestiones que no dependan de imposiciones europeas, sino que sean de ámbito nacional, se vean eliminadas.
“Hace falta que el lenguaje del sector público se adecúe cada vez más al de la empresa en la publicación de las convocatorias y los requisitos que figuran en las mismas, como facilitar los trámites administrativos, ya que, de lo contrario, va a ser muy difícil ejecutar estos fondos”, afirmó Socías.