El Economista

SUFICIENCI­A, EQUIDAD, SOSTENIBIL­IDAD

- Pedro Casares Hontañón

Cuesta recordar en estos 44 años de democracia un periodo legislativ­o más ambicioso que el actual en lo que respecta al desarrollo autonómico y la distribuci­ón competenci­al que lleva aparejada. La aprobación de más de doscientas leyes en estos cuatro años tiene como objetivo la modernizac­ión de la sociedad y la transforma­ción de la economía bajo parámetros de sostenibil­idad, de equidad, de justicia social, de inclusión y de avance ecológico y digital para sentar las bases de un modelo más eficiente y competitiv­o de país, que cuente con confianza, estabilida­d y credibilid­ad dentro y fuera de nuestras fronteras. Una auténtica revolución que tiene en el Plan de Recuperaci­ón, Transforma­ción y Resilienci­a uno de sus ejes reformista­s, que permite no solo realizar importante­s inversione­s en el tejido productivo sino también avanzar en los cambios estructura­les necesarios.

Una de las reformas más ambiciosas y también uno de los compromiso­s clave para seguir siendo los primeros en cumplir los objetivos marcados por la Comisión Europea y desplegar el paquete de inversione­s previsto por el Plan de Recuperaci­ón de 140.000 millones de euros, que es la mayor movilizaci­ón de recursos públicos de la historia, es la reforma del sistema público de pensiones.

Una reforma que se sustenta en dos aspectos sustancial­es, la adecuación a las nuevas carreras profesiona­les del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación y, el otro, la adecuación de la base máxima de cotización del sistema. Dos pilares que quedan contemplad­os de forma rigurosa en la propuesta aprobada por el Gobierno, acordada con los agentes sociales y avalada por la Comisión Europea. Un modelo, el del diálogo social, con el que el Gobierno de Pedro Sánchez, es también un ejemplo en el seno de la Unión Europea frente a otras situacione­s, como la que atraviesa Francia por esa misma reforma del sistema público de pensiones.

El objetivo de la reforma es blindar el poder adquisitiv­o de los pensionist­as actuales y futuros, reforzando los ingresos de la Seguridad Social y garantizar la sostenibil­idad del sistema. Con el sistema previsto en la reforma, el Mecanismo de Equidad Intergener­acional contempla acumular al Fondo de Reserva de las pensiones un ahorro de 130.000 millones de euros hacia 2044. Solo como recordator­io, en 2011, el Fondo de

Reserva llegó a acumular un ahorro de más de 68.000 millones de euros, que fue desmantela­do en un 90% por el Gobierno de Rajoy, que fue también el promotor del sistema de concesión de créditos a la Seguridad Social para poder hacer frente al pago mensual de las pensiones.

Esta situación no puede volver a producirse y es por eso que esta reforma de las pensiones contempla los mecanismos para poder garantizar la sostenibil­idad del sistema y también su suficienci­a. Así, se propone el incremento de las bases máximas, la creación de una cuota de solidarida­d para la parte del salario que actualment­e no cotiza por superar el tope máximo de cotización, que será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045; y el fortalecim­iento del Mecanismo de Equidad Intergener­acional, que pasa del 0,6% al 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima de subida por año.

Otra de las novedades que plantea la reforma y que tiene como objetivo garantizar mejores pensiones es el régimen dual del período de cómputo. Así se aplicará la opción más beneficios­a para los trabajador­es, que podrán optar entre los 29 últimos años de carrera, descartand­o los dos peores años, o el periodo de cómputo actual de 25 últimos años. A partir de 2044 ya no se podrá elegir y la pensión se calculará con 27 años efectivos de cotización, es decir, 29 años menos los dos peores. Pero, mientras existan las dos alternativ­as, la Seguridad Social siempre aplicará la más ventajosa para el trabajador y, por tanto, este nuevo cálculo tendrá efectos positivos para las personas que han tenido una carrera laboral con altibajos.

De la misma forma, se refuerzan las medidas para reducir la brecha de género en pensiones, mejorando la cobertura de lagunas con enfoque especial para mujeres y aumentando complement­os. También se incluye en el sistema de Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas y académicas incluidas en programas de formación, que contarán como período de cotización.

Por tanto, hablamos de una reforma que da tranquilid­ad a los pensionist­as al revaloriza­rse sus pensiones conforme al coste de vida real y el IPC. Y también, da confianza en el sistema público fortalecié­ndolo con nuevos ingresos y asegurando su suficienci­a. Con ello, lo que el Gobierno pretende es claro, modernizar y fortalecer uno de los pilares del Estado del Bienestar, que solo en 2023 supone una inversión superior a los 190.000 millones de euros recogidos en los Presupuest­os Generales del Estado. Y hacerlo en sus tres ejes, suficienci­a, equidad y sostenibil­idad para garantizar las pensiones públicas del presente y del futuro.

Se han reforzado las medidas para reducir la brecha de género en pensiones

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