Puig pagará un bono de 90 euros para la compra a las rentas más bajas
El acuerdo con el sector solo incluye que las empresas donen un millón a ONG
La Comunidad Valenciana pondrá en marcha una ayuda directa de hasta 90 euros en la cesta de la compra de alimentos para las familias con menos recursos. Tras meses de negociaciones para lograr un acuerdo con la mayoría del sector de la distribución alimentaria tanto nacional como valenciano para que asumiese una parte de ese descuento, finalmente las empresas no aportarán ni un solo céntimo a esa iniciativa pública.
En su lugar, las 11 empresas y la patronal del pequeño comercio Confecomerç han sellado un pacto con el Gobierno valenciano por el que solo se comprometen a realizar donaciones por valor de un millón de euros a ONG como el Banco de Alimentos, Cruz Roja y otras similares para paliar la situación de colectivos vulnerables por la inflación.
De esta forma, el acuerdo final supone que la totalidad del coste de los bautizados como Bono Cesta de la Compra será asumido por las arcas públicas valencianas, que destinarán en total 48,44 millones de euros a este programa que además se pondrá en marcha a apenas unas semanas de las próximas elecciones autonómicas.
La solución final desinfla en parte las expectativas que el propio presidente valenciano Ximo Puig había adelantado hace unas semanas de un gran pacto como ejemplo de colaboración entre el sector de la distribución alimentaria y la Administración Pública para combatir el alza de los precios en la cesta de la compra. Una iniciativa que pretendía seguir los pasos del acuerdo anunciado en su día en Francia entre la Administración y sus principales operadores de distribución alimentaria.
El propio Puig había sido el principal impulsor de estas conversaciones desde el pasado mes de septiembre, con la patronal autonómica CEV como interlocutor para que el acuerdo pudiese abarcar tanto a la gran distribución como al pequeño comercio. La idea era que además de la aportación pública se pudiese reflejar un descuento en los precios por parte de las empresas para reducir el impacto de la inflación en las familias valencianas con menos recursos.
La fórmula elegida finalmente consiste en un bono de 90 euros que se materializará en una tarjeta bancaria prepago que podrán solicitar quienes residan en la Comunidad Valenciana y tengan rentas familiares inferiores a 21.000 euros anuales. En principio, ese dinero se debe utilizar exclusivamente para la compra de alimentos, según establecerá una cláusula de responsabilidad voluntaria, aunque desde la Generalitat reconocen que ese método de pago permitirá adquirir cualquier producto de esos comercios.
De hecho, la tarjeta, que será válida durante cuatro meses, podrá ser utilizada en cualquier cadena o tienda, incluso las que no hayan suscrito el acuerdo con la Generalitat y que, por tanto, no se han comprometido a realizar las donaciones. Precisamente evitar que esos vales de supermercados y comercios se puedan destinar a otros productos es una de las cuestiones que analizan con lupa ONG y asociaciones para su uso o no.
El propio presidente de CEV, Salvador Navarro, aseguró que esta fórmula es la única que permite la ley, ya que cualquier otra alternativa planteada para tratar de rebajar la cesta de la compra no pasaría el control de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, recordó
La patronal regional asegura que es la única fórmula para no ir contra las leyes de Competencia
que, al margen de este acuerdo, “cada distribuidor ya está haciendo esfuerzos por ofrecer el mejor precio posible”.
La Generalitat prevé lanzar en abril la convocatoria para conceder estas ayudas, con la previsión de beneficiar a un máximo de medio millón de valencianos. Una cifra muy inferior al millón de ciudadanos que Puig aseguró hace unas semanas que podrían beneficiarse con el bono que se estaba ultimando. Ayer, el líder socialista reconoció que finalmente el alcance será limitado al asegurar que “más allá del hecho cuantitativo” hay que valorar “la confianza” que genera alcanzar pactos entre todos los agentes sociales.