Pensiones, salarios y sentido común

Análisis

Aunque no es objeto de la reciente última fase de la reforma de las pensiones, un ejemplo del sinsentido de las medidas que se están adoptando es, sin lugar a dudas, el del establecimiento de la revalorización automática sin más de las pensiones con el IPC. Aun sin números ni datos, pensar así parece de sentido común.

En efecto, como es por todos sabido, la financiación de las pensiones de la Seguridad Social, según es habitual, se fundamenta en el sistema de reparto, basado en el principio de solidaridad intergeneracional, es decir, que las cotizaciones obligatoriamente efectuadas por los trabajadores en activo, tanto propias como sobre todo de sus empleadores, se utilizan para abonar las pensiones en curso de pago. Un sistema tal requiere unos necesarios equilibrios en cuestiones tales como, entre otras, una adecuada ratio entre activos y pensionistas, es decir, entre cotizantes que financian el sistema y beneficiarios perceptores de las prestaciones del

Si las prestaciones suben más que los sueldos es un riesgo para la equidad del sistema público

mismo, que se encuentra progresivamente comprometida por el envejecimiento de la población.

Pero, naturalmente, el aludido, aunque fundamental, no es el único factor de equilibrio necesario, sino que también es necesario, además, atender a la relación entre los importes de los salarios sobre los que giran las contribuciones o cotizaciones que financian las pensiones y los importes de pensión que se pagan. En este sentido, es lógico pensar que la pertinaz contención de los salarios medios en los últimos tiempos, respecto de momentos anteriores, tampoco debe estar ayudando a mantener el referido equilibrio, hasta el punto de que, al parecer, la pensión media ha llegado a situarse en algún momento por encima del salario medio. Y todo ello con un número de pensionistas que representa un alto y creciente porcentaje de la población, situándose en el entorno de los diez millones de personas (en algunos medios ya se habla de once, preguntándose uno una vez más por qué los datos varían constantemente de unos medios a otros).

Suponiendo que todo esto es así, ello conduce indefectiblemente al siguiente planteamiento: si los salarios, como viene de hecho sucediendo, suben en media menos que la inflación en contra de lo que ahora ha sido establecido para las pensiones, ¿no significa esto que la brecha entre la partida financiadora – las cotizaciones– y la partida financiada –las pensiones– se tiene que ir agravando cada vez más de forma tan ineficiente como inequitativa?

Se dirá que esta dinámica de los salarios puede ser coyuntural y no siempre tiene por qué ser ni va a ser la misma, se dirá asimismo que, como de hecho viene sucediendo, las pensiones no solo se financian con las cotizaciones sociales, sino también con asignaciones de los presupuestos del Estado –que se sustentan asistemáticamente en la recaudación de impuestos y en la emisión de deuda pública–, y todo ello es cierto, pero nadie podrá negar que, mientras subsista el sistema de reparto como fundamento de la financiación de las pensiones de la Seguridad Social, cuestiones o variables como esta han de ser tenidas en cuenta.

Es por ello que, modestamente, nos atrevemos a pensar y formular que, sin llegar a los extremos del extinto Índice de Revalorización de Pensiones que fue aprobado en 2013, que no siempre fue aplicado y que finalmente fue derogado en 2021, sí que, al menos, debería establecerse que, aunque el objetivo de crecimiento de las pensiones fuera la inflación o el aumento del coste de la vida, dichas pensiones nunca deberían crecer por encima del incremento medio de los salarios (como escandalosamente ha sucedido, por ejemplo, el pasado año 2022).

Tal parecer ser básicamente la propuesta de Ciudadanos en esta cuestión (¡siempre haciendo amigos y siempre ganando votos con sus “populares” propuestas!) y tal es el caso, por ejemplo, de un sistema tan sólido como el de Suecia reformado hace más de veinte años, en el que, aunque con su planteamiento diferente al nuestro de “cuentas nocionales”, las prestaciones se determinan actualizando las cotizaciones efectuadas con un factor (el “tanto nocional”) igual, por supuesto, al incremento medio de los salarios, con la aceptación en su día de unos responsables sindicatos.

Todo ello parece, decíamos, de sentido común. Con independencia de si el análisis concreto de la cuestión aquí tratada sostiene o no la crítica razonada, lo que sí parece es que con actitudes como esta es como seguramente se deberían enfocar todas estas cuestiones, con un poco más de dicho sentido común y un poco menos de demagogia y políticas cortoplacistas, ¿no?