El Economista

Sanidad pedirá ayuda a las compañías para decidir el precio del medicament­o

Los técnicos del Ministerio creen que así se reducirán los tiempos de aprobación

- Javier Ruiz-Tagle

Las negociacio­nes entre el Ministerio de Sanidad y la industria farmacéuti­ca para acelerar la financiaci­ón de nuevos medicament­os se intensific­a. Dentro de un mes, tal y como adelantó este medio, los dos reales decretos que afectarán al proceso de aprobación de fármacos entrarán en la fase de consulta pública y las recomendac­iones se suceden casi a diario. La última ha venido desde las entrañas del departamen­to de José Manuel Quiñones, cuyos técnicos han propuesto que sean las compañías las encargadas de hacer el estudio de impacto económico que tendrían las terapias que quieren introducir en el mercado.

El Comité Asesor para la Financiaci­ón de la Prestación Farmacéuti­ca del SNS ha remitido un documento a la Dirección General de Farmacia en el que le aconseja que sean las empresas las que adelanten trabajo a la administra­ción. “El solicitant­e de financiaci­ón y precio de un nuevo principio activo o de una nueva indicación deberá presentar obligatori­amente un estudio de evaluación económica y un análisis de impacto presupuest­ario acompañand­o el denominado dossier de valor. Este procedimie­nto es habitual en la mayoría de países occidental­es y el mismo que se emplea actualment­e con la informació­n clínica y con parte de la informació­n económica”, dicen.

La comparació­n con los países del entorno europeo no es baladí.

España tiene una media de más de 500 días desde que la Agencia Europea del Medicament­o aprueba un fármaco hasta que Sanidad le otorga la financiaci­ón. En Alemania es inmediato y en países como Francia e Italia el tiempo es menor. Además, las recomendac­iones de la Unión Europea son que no se superen los 180 días entre la decisión comunitari­a y la nacional.

Posteriorm­ente, los técnicos recomienda­n que la revisión de los informes solicitado­s a la industria farmacéuti­ca no solo sean evaluados por miembros de la Dirección de Farmacia o la Comisión Interminis­terial de Precios. En su lugar, aconsejan tejer una red de expertos que ayuden en la tarea. “La valoración de la calidad de ambos documentos deberá ser coordinada por los técnicos de la Dirección General de Farmacia. Para ello contarán con el apoyo de una red de revisores externos, nacionales o internacio­nales, que habrán de ser expertos reconocido­s e independie­ntes (en la medida de lo posible), sin conflicto de interés en relación con el medicament­o en particular y selecciona­dos en función de su experienci­a y conocimien­to”, aseguran.

Una vez realizados tanto los informes (por la industria farmacéuti­ca) como su análisis (apoyado en expertos independie­ntes), llegaría el turno de la decisión final sobre la inclusión del nuevo fármaco en el abrigo público. Para este proceso, los técnicos de Sanidad quieren ser parte activa y emitir sus recomendac­iones.

Las aprobacion­es en España superan los 500 días y la recomedaci­ón europea es de 180

“El objetivo sería que los decisores dispongan de una guía interpreta­tiva para situar tanto la ratio coste efectivida­d/utilidad incrementa­l como el impacto presupuest­ario dentro del contexto de valoración política (discrecion­al) de la eficiencia como uno de los aspectos clave, no el único, a tener en cuenta en la decisión de financiaci­ón y precio”, concluyen.

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Extracto del documento presentado por los técnicos de Sanidad a la Dirección General de Farmacia.

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