Valencia se vuelca en los tributos medioambientales
En el periodo 2022-2023 se han producido numerosas novedades en impuestos propios. Así, desde el Consejo General de Economistas se llama la atención sobre el hecho de que la Comunidad Valenciana ha creado tres nuevos impuestos medioambientales. Se trata del Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, el Impuesto la emisión de gases de efecto invernadero y el Impuesto ambiental sobre grandes establecimientos comerciales. Se han regulado en una ley del 5 de diciembre pasado, si bien no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2025.
Por su parte, tal como ya había anunciado, la Comunidad de Madrid suprimió los impuestos propios para 2022, mientras que Castilla-La Mancha creó un impuesto que grava el uso y consumo del agua.
Por su parte, Cantabria creó el año pasado un Canon por la implantación en suelo rústico de parques eólicos y fotovoltaicos para la generación de energía electrica y la evacuación de dicha energía generada a la red.
En 2023 se han producido numerosas modificaciones como consecuencia de la entrada en vigor del Impuesto estatal sobre residuos, lo que ha supuesto que las autonomías que lo tenían implantado (Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Canarias, Extremadura, Murcia, La Rioja y Valencia) lo hayan suspendido. Esto conlleva la reducción de impuestos propios con respecto a los existentes en el año anterior, mientras que aquellas autonomías que asumieron la gestión del tributo han regulado los criterios para su gestión.
Por otra parte, Aragón modifica el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta y el impuesto sobre instalaciones de energía eléctrica, y Baleares la tasa de saneamiento de aguas. Asimismo, Castilla La Mancha modifica los tipos de gravamen del canon de aducción y de depuración, y Cataluña aumenta la afectación de los ingresos del Impuesto sobre instalaciones creando el Fondo de transición nuclear. Finalmente, Galicia modifica la totalidad de los ingresos del Impuesto sobre daño ambiental.