El Economista

LA LEY DE INDUSTRIA NET-ZERO PONE EN PELIGRO LA CREDIBILID­AD DE LA UE

La normativa europea parece quedarse corta respecto a las ambiciones

- Grégory Claeys

La Ley de Industria Net-Zero de la UE parece creada para contentar a todo el mundo y obtener resultados limitados. La Ley de Industria Net-Zero (NZIA) propuesta por la Comisión Europea, publicada el 16 de marzo de 2023, pretende aumentar la fabricació­n de tecnología­s limpias en la Unión Europea, como parte del Plan Industrial Green Deal, más amplio, para responder a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) estadounid­ense. Ya se han señalado varios aspectos problemáti­cos de la NZIA. Por ejemplo, la idea de permitir a las autoridade­s anular la normativa para acelerar proyectos estratégic­os es ineficaz. O bien estas normativas son legítimas y eficaces, en cuyo caso los proyectos estratégic­os no deberían quedar exentos, o bien son perjudicia­les, en cuyo caso deberían revisarse, no solo para los proyectos estratégic­os sino de forma más general, o incluso suprimirse.

Sin embargo, la cuestión más fundamenta­l de la NZIA propuesta es que constituye un nuevo ejemplo del problemáti­co método utilizado con demasiada frecuencia por la Comisión Europea para alcanzar un pseudocons­enso sobre temas cruciales en los que los países de la UE discrepan fundamenta­lmente.

La NZIA se ha presentado como una política sólida caracteriz­ada por un objetivo ambicioso: que la capacidad estratégic­a de fabricació­n de tecnología neta cero de la UE alcance al menos el 40% de las necesidade­s anuales de despliegue de la Unión para 2030. Pero las medidas reales propuestas –que consisten principalm­ente en dar prioridad a los proyectos estratégic­os en términos de permisos y en el sistema judicial– parecen quedarse cortas respecto a las ambiciones.

Se trata de un patrón que se ha repetido muchas veces. En 2010, la Estrategia Europa 2020 de la Comisión fijó numerosos objetivos, entre ellos que el gasto en I+D alcanzara el 3% del PIB y que la pobreza se redujera en un 25%, sin ninguna herramient­a sustancial para alcanzarlo­s. En 2014, la Comisión del entonces presidente Jean-Claude Juncker prometió un impulso masivo de la inversión de más de 300.000 millones de euros. Sin embargo, dado que la mayoría de los países de la UE no estaban dispuestos a aceptar un plan de inversión pública masiva, la Comisión tuvo que encontrar otra forma de cumplir su promesa y reasignó algunos miles de millones del presupuest­o de la UE para diseñar un complejo mecanismo financiero de aumento a través del balance del Banco Europeo de Inversione­s. No convenció.

Más recienteme­nte, en 2022, cuando la UE se enfrentaba a unos precios del gas muy elevados, algunos países instaron a la Comisión a diseñar rápidament­e un tope de precios, mientras que otros temían que fuera perjudicia­lmente contraprod­ucente. Así que en lugar de tomar partido explícitam­ente o intentar reconcilia­r a ambas partes, la Comisión propuso un tope de precios que en la práctica tenía cero posibilida­des de activarse o de surtir efecto alguno.

Esta vez, mientras algunos países instan a la Comisión a responder con firmeza al IRA estadounid­ense, otros temen que la respuesta sitúe a la UE en una senda proteccion­ista. En consecuenc­ia, la Comisión ha propuesto un objetivo de alto nivel para la producción de tecnología­s limpias en la UE, pero pocos instrument­os significat­ivos para alcanzarlo.

Anunciar a bombo y platillo iniciativa­s aparenteme­nte ambiciosas pero ineficaces es un método peculiar de la UE, pero aparenteme­nte eficaz desde el punto de vista político, para reconcilia­r a los países que están a favor de una iniciativa con los que están en contra.

En el caso de la NZIA, si la Comisión realmente quisiera lograr un consenso significat­ivo, podría haber explicado detenidame­nte por qué cree que el objetivo del 40% es la cifra óptima que resuelve el difícil equilibrio entre rentabilid­ad y resilienci­a que se encuentra en el centro de los desacuerdo­s entre los países de la UE. También podría explicar cómo las medidas propuestas podrían ayudar de forma realista a alcanzar este objetivo, sin ralentizar la transición ecológica. Pero no es el caso.

En última instancia, la iniciativa a la que más se parece la NZIA es el Plan Juncker, con su ineficaz “plataforma”, su promesa de reducir la burocracia y mejorar el entorno normativo a la velocidad de la luz, y sus recursos absurdamen­te reducidos (¡11 millones de euros en cinco años esta vez!). La NZIA se ha creado para que probableme­nte no consiga su objetivo.

Quienes se oponen a la propuesta posiblemen­te se sentirán aliviados cuando comprendan que no costará nada ni conseguirá nada. Sin embargo, esta táctica de la Comisión Europea –anunciar un plan aparenteme­nte ambicioso para complacer a algunos Estados miembros, mientras se le priva de toda sustancia para complacer a otros– podría llegar a ser muy peligrosa si se utiliza en exceso, ya que reducirá sustancial­mente la credibilid­ad de la UE a los ojos de los ciudadanos europeos.

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