Seopan urge “remover los obstáculos” normativos para impulsar concesiones
Es necesaria una inversión de 253.000 millones hasta 2030 en infraestructuras
El sector de la construcción se enfrenta a un enorme desafío: llevar a cabo inversiones mínimas de 253.000 millones en infraestructuras hasta 2030. Así lo explicó ayer durante la clausura del I Foro de Infraestructuras de elEconomista.es Julián Núñez, presidente de Seopan, que urgió a actuar en nuestra regulación “para desbloquear la atracción de financiación privada a todas las infraestructuras mediante la recuperación del modelo concesional, removiendo los obstáculos normativos actualmente existentes”.
Núñez considera que se necesitan “resolver problemas endémicos de una legislación con más de 60 años de antigüedad que requiere una profunda actualización, entre otras cuestiones, en materia de nuevos modelos colaborativos, de clasificación y selección empresarial y de mecanismos automáticos de estabilización de precios, ajenos al ciclo y coyuntura inflacionista”.
El experto destacó que el sector “afronta un enorme y doble desafío; por un lado, debemos resolver un déficit inversor nominal acumulado durante la anterior década de 130.000 millones en inversiones de transporte y agua como consecuencia de las restricciones presupuestarias posteriores a la crisis financiera de 2008”.
Por otro lado, se debe hacer frenta a las “ingentes inversiones públicas que nuestro país debe afrontar para garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030 y de otros importantes programas de inversión europeos”.
“Realizar todas estas inversiones no es una opción elegible sino una obligación para preservar nuestra competitividad y bienestar social en un entorno global cada vez más competitivo”, aseguró el presidente de Seopan.
Según detalló Núñez, en infraestructuras hidráulicas debemos cumplir la inversión comprometida ante la UE hasta 2027 de 24.000 millones. “A este volumen se sumarán importantes inversiones que comprometerá la propuesta de Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas cuya aprobación se prevé a finales de 2023”. Se trata de medidas de gran relevancia, ya que “tenemos 1.250.000 viviendas sin servicios de depuración y más de 164.000 sin alcantarillado. Todo ello representará una inversión pública superior a los 30.000 millones, equivalente a 30 años de ejecución en caso de mantenerse la media anual inversora de 2016-2019”.
En el caso de las infraestructuras de transporte, Núñez considera que debe continuar “la finalización de
Apuesta por mecanismos automáticos de estabilización de precios
Calcula un déficit inversor acumulado durante la anterior década de 130.000 millones de euros
los corredores de alta velocidad ferroviarios”.
El experto destacó que se debe asimismo “continuar la línea de reactivación iniciada en 2023 de extensión y ampliación de nuestras infraestructuras de transporte público en el ámbito urbano, de cercanías y metro, tras más de 13 años de parálisis inversora”.