Los juristas urgen al Gobierno a fijar el límite confiscatorio de los impuestos
La petición llega en plena litigación del tributo a los ricos, la banca y Patrimonio
Los expertos juristas y abogados reclaman al Gobierno y a los tribunales que fijen a partir de qué porcentaje se considera confiscatorio un tributo, como ya han hecho países como Alemania o Francia que lo han situado en el 50%. Hasta el momento, en España no hay nada fijado y, exclusivamente, el Tribunal Constitucional señaló hace ya cuarenta años que un tributo que agota la riqueza imponible, es decir, que alcanza el cien por cien de tributación, es confiscatorio, dejando fuera así qué ocurre cuando alcanza el 80% o el 99% de la riqueza. El letrado de la Corte de Garantías Juan Ignacio Moreno, señaló que el legislador tiene libertad de configuración de los impuestos pero eso no le permite ni soslayar el principio de capacidad económica ni desconocer el límite de confiscatoriedad. También pidió “un esfuerzo” al Constitucional después de que en la sentencia del 26 de octubre de 2021 donde anuló el método de cálculo del impuesto de plusvalías no entrara a valorar el porcentaje de confiscatoriedad. “En lugar de hacerlo, dijo que el método de cálculo había perdido conexión con la realidad y lo anuló”, lamentó durante su participación en el diálogo organizado ayer por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball sobre el mandato constitucional de no confiscatoriedad tributaria. Precisamente, Foment del Treball presentó este mes un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para llevar el Impuesto de Patrimonio al Constitucional en busca de su anulación por ser confiscatorio e impulsó un recurso de inconstitucionalidad del impuesto a las grandes fortunas. Esta última tasa ya ha sido recurrida por cuatro CCAA, mientras varias compañías litigan contra el nuevo gravamen a banca y energéticas.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo, Dimitry Berberoff, señaló que el principio de no confiscatoriedad está “poco perfilado” a pesar de que en el cien por cien de los litigios en materia fiscal subyacen los principios de capacidad económica y confiscatoriedad. “El problema es que estos principios no están claramente sustantivizados. Es difícil encontrar sentencias concretas, no solo del Supremo sino de cualquier pleito tributario, donde haya una aplicación directa exclusivamente del principio de no confiscatoriedad”, dijo. Asimismo, añadió que desde la perspectiva de derecho de la UE es difícil encontrar esos principios.
Por otro lado, Moreno criticó el uso “sistemático” del Gobierno del decreto-ley para “hurtar” el debate parlamentario, mientras que Berberoff recordó que el Supremo ya ha hecho énfasis en reiteradas sentencias en la deficiente técnica legislativa. Gabriel Casado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM, señaló que aunque hay que atender al gasto público, esto no justifica “los excesos del poder fiscal y el intervencionismo del
Los expertos critican la técnica legislativa del Ejecutivo y que huya del debate parlamentario
Gobierno en la economía, con cargas como el impuesto oculto de la inflación o el riesgo de tributos extra fiscales”.
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que presentó el encuentro, aprovechó su intervención para recordar que la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales abrirá delegación en Madrid en septiembre.