La mayoría de zonas tensionadas rechaza regular el alquiler
El resultado de las elecciones del 28-M dibuja un nuevo escenario político que deja en el aire la aplicación de la Ley de Vivienda. La norma incluso podría derogarse parcialmente o totalmente si los partidos más críticos con la ley llegan al poder tras las elecciones generales del 23 de julio. Un estudio de idealista señala que el 49% de los 291 municipios que cumplen los requisitos para ser zonas tensionadas votaron al Partido Popular, formación que anunció que no aplicaría la ley en las cuestiones que fueran de competencia autonómica o municipal (regulación de los alquileres en las zonas tensionadas o delimitación de grandes tenedores).
Si se suman otras formaciones que se han mostrado en contra del tope a las rentas, el porcentaje se eleva al 53%, mientras que en solo un 39% de estas localidades, el ganador de los comicios municipales fue un partido que sí apuesta por el límite al alquiler, principalmente el PSOE.
Cataluña, a favor
Por comunidades autónomas, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid concentran el grueso de municipios que podrían declararse como zonas tensionadas de alquiler. “De ellos, solo el gobierno autonómico catalán ha afirmado que sí aplicaría este punto de la Ley de Vivienda”, apunta idealista.
Solo en Castilla-La Mancha y Canarias las listas más votadas están a favor de controlar los alquileres. En Castilla y León y Asturias hay un empate, mientras que en todos los municipios tensionados de Aragón, Navarra y La Rioja, la formación más votada está en contra de limitar los precios del alquiler.
Para que una zona sea declarada tensionada debe cumplir alguno de los siguientes requisitos. Uno es que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares.
El otro requisito es que el precio de compra o de alquiler de la vivienda haya aumentado en esa zona, en los últimos cinco años, al menos tres puntos por encima del IPC autonómico correspondiente.