Las pymes, las más afectadas por las multas ‘exprés’ de la Ley de Empleo
El cambio en la aplicación de sanciones sorprende a las pequeñas empresas
La Ley de Empleo que entró en vigor el pasado mes de marzo ha supuesto un nuevo giro de tuerca en la estrategia seguida por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, contra el fraude laboral en los ‘falsos autónomos’. La modificación no afecta a las sanciones, pero sí a la manera de hacerlas efectivas, lo que ha pillado por sorpresa a todas las empresas. Especialmente a las pymes.
Los asalariados que cotizan como afiliados por cuenta propia son un quebradero de cabeza tanto para las cuentas de la Seguridad Social como para los propios trabajadores. Estos se ven en una tierra de nadie en la que no disfrutan de las ventajas de un verdadero trabajador por cuenta ajena, ya que su actividad se limita a un único cliente, en la práctica su empleador. Pero tampoco de las de un asalariado, empezando por su protección social en caso de despido.
Es difícil estimar el número de falsos autónomos. Un indicador es la brecha entre aquellos que cotizan como tales en el Régimen Es
pecial de Autónomos (RETA) y los que declaran serlo al ser entrevistados en la Encuesta de Población Activa (EPA). La brecha ha pasado del 0,5% en el primer trimestre de 2012 al 7% en el primer trimestre de 2023. Es decir, que hay 220.000 afiliados como autónomos más que personas que se consideran de verdad trabajadores por cuenta ajena.
Aunque este cálculo es meramente orientativo da idea de que el problema no ha hecho sino aumentar en la última década y se encuentra en niveles récord. De hecho, en el último trimestre de 2022 el INE reclasificó como empleados asalariados a 137.600 personas que previamente habían asegurado que eran trabajadores independientes.
Algo que también atestigua la propia actividad inspectora, aunque en menor medida. Según Díaz ente 2020, 2021 y 2022 se ha regularizado como asalariados a más de 80.000 trabajadores en esta situación, más de la mitad solo en 2022.
Aunque sigue siendo una cifra muy inferior a la que apunta la comparación estadística, que revela que los afiliados al RETA han crecido un 8,9% desde 2012, mientras los registrados por el EPA han aumentado un 2,1%. Y la diferencia entre ambos se ha disparado un 1270%. Esto sin contar el ajuste de cierre de 2022.
Por ello, el Gobierno ha intensificado de cara a 2023 el papel de la Inspección. Pero esto resulta difícil en un momento en el que el organismo es foco de conflictividad laboral por la falta de recursos y exceso de trabajo, que ha llevado a la primera huelga de su historia y a pedir incluso la dimisión de Díaz. Trabajo afirma que cuenta con un plan y culpa a Hacienda de los problemas para ejecutarlo. Y en el marco de la solución de los problemas ha optado por una vía alternativa al elevar el número de inspecciones.