El control accionarial de Celsa se decide hoy: fondos o familia Rubiralta
El juez oirá las conclusiones de las partes y dejará el caso visto para sentencia
Celsa, considerada empresa estratégica española; que es la cuarta compañía catalana por cifra de negocio, y la primera de capital familiar, dirime este martes su futuro en los juzgados con la exposición de conclusiones de los representantes legales de la familia propietaria (Rubiralta) y de sus fondos acreedores. Su poder de convicción decantará la decisión del juez del Mercantil 2 de Barcelona, que escuchó testimonios toda la semana pasada y que hoy dejará el caso visto para sentencia.
El magistrado Álvaro Lobato deberá decidir si acepta el plan de reestructuración presentado el pasado septiembre por los fondos acreedores de Celsa, que reclaman asumir el control de la compañía de la familia Rubiralta (ver gráfico). La decisión del juez será de suma trascendencia para el futuro de Celsa, pero también puede sentar base de jurisprudencia, si dirime en favor de los fondos que compraron deuda de Celsa y en contra de la familia propietaria de la multinacional en Castellbisbal (Barcelona).
La pugna de informes y contrainformes entre fondos y accionistas por la valoración de la compañía y su viabilidad se ha reflejado estos días en el juzgado, y se trata de cuestiones clave porque son la base que asienta los argumentos de los fondos acreedores para solicitar hacerse con el control de la siderúrgica a través de la capitalización del total de las acciones por 1.291 millones, y la refinanciación de otros 1.600 millones de euros de deuda a cinco años vista. Su tesis es que el grupo industrial debe más de lo que vale, mientras Celsa lo niega. Según las cifras expuestas en el juicio, Celsa tiene importes de deuda vencidos por valor de 1.128 millones, en el caso de la financiación denominada jumbo, y de 1.139 millones en cuanto al instrumento convertible, y el total de deuda del grupo ronda los 3.000 millones, mientras Lexaudit, designado por el juez como experto independiente, valora la siderúrgica en unos 2.600 millones. Por contra, BDO, contratado por los accionistas de Celsa para fiscalizar la labor de Lexaudit, defiende que ese informe adolece de “errores metodológicos” y que, corrigiéndolos, el valor medio de Celsa sería de al menos unos 4.200 millones. Además, otro informe realizado desde cero por Lazard valora a Celsa en unos 6.200 millones.
Los fondos acreedores insisten en que su propuesta es de reestructuración financiera y no incluye el cierre de fábricas ni deslocalizaciones. De hecho, ya han iniciado un proceso de de búsqueda de posibles expertos con los que conformar un nuevo consejo de administración si se hacen con el 100% de Celsa, y serían estos los que fijarían la hoja de ruta industrial, lo que ha despertado las alarmas entre los sindicatos de un grupo que da empeo a más de 10.000 personas: “No tienen ni idea de quién tomará las riendas si se quedan con la compañía”, reprochaban el viernes UGT y CCOO en un comunicado. headhunting
Apoyo institucional
La relevancia sobre el futuro accionarial de Celsa se plasma en que su modelo insdustrial ha recibido muestras de apoyo con motivo del juicio no solo desde los sindicatos, sino también desde las administraciones públicas y la patronal Foment del Treball. La Generalitat ha manifestado su implicación en defender Celsa “ante cualquier amenaza que quiera imponer criterios extractores del valor industrial”.
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