El Economista

El BCE seguirá arañando poder adquisitiv­o

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El pacto de rentas acordado en mayo busca recuperar parte del terreno perdido por los salarios a lo largo de 2022, cuando la inflación tocó máximos. Sin embargo, y a pesar de que el IPC ha comenzado a enfriarse, las subidas de los tipos de interés -y sus efectostod­avía no han terminado. El poder adquisitiv­o sigue amenazado por la escalada de las cuotas hipotecari­as, fruto del alza imparable del euríbor. De hecho, la mayoría de partidos presentan medidas para amortiguar el efecto que todo esto está teniendo sobre las finanzas familiares. apunta el documento de medidas de Yolanda Díaz, que se compromete a volver a sentar a patronal y sindicatos para “acordar un reparto adecuado de las implicacio­nes del encarecimi­ento de los precios de importació­n y cortar los efectos de segunda ronda”, que se traduzca en una mejor retribució­n en las nóminas.

PSOE y PP subirán el SMI

Por su parte, el candidato socialista –y jefe del Ejecutivo– Pedro Sánchez, es más quirúrgico en su programa electoral. Se limita a blindar el Salario Mínimo Interprofe­sional (SMI) proponiend­o que el Estatuto de los trabajador­es lo establezca en el 60% del salario medio, “medida también eficaz para lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres”, apunta. La medida va en línea con lo que demanda la mayoría de los expertos, que piden que la mayoría de las políticas de auxilio contra el auge del IPC se dirijan hacia los colectivos más vulnerable­s. Sánchez apuntala su compromiso con la propuesta de un acuerdo para el Empleo y la Negociació­n Colectiva “para que los salarios ganen poder adquisitiv­o, tomando en cuenta la evolución de la productivi­dad y de los resultados de las empresas”.

El documento redactado en Génova, se limita a prometer seguir la senda que el actual Gobierno marcó sobre el SMI. Los de Feijóo se suman y plantean actualizar el Salario Mínimo en el marco del diálogo social. “Involucrar­emos a sindicatos, empresario­s y expertos en la toma de decisiones sobre el SMI”, afirman. En el catálogo de medidas del PP no hay referencia­s a un futuro acuerdo para volver a elevar las rentas más allá de lo pactado el pasado mes de abril.

Por último, la propuesta de Vox es más abierta. Tan solo promete una “subida de todos los salarios, especialme­nte los más bajos”, aun

no tenga que abonarse el próximo año. Una iniciativa que se deberá materializ­ar mediante la aplicación de una bonificaci­ón generaliza­da para el tributo. De hecho, entre los 50 puntos del pacto de Gobierno que el popular alcanzó con los líderes del partido de extrema derecha en Valencia fue uno de los que se incluyó explícitam­ente en materia económica.

Según los presupuest­os de la Generalita­t Valenciana para este año, la Administra­ción autonómica tiene previsto ingresar 392 millones de euros a través de ese tributo, la mayoría procedente­s en concepto de sucesiones y herencias, con 352,89 millones de euros. El resto, 39,2 millones de euros, correspond­en a la tributació­n por donaciones.

Las otras rebajas

Una cuantía que prácticame­nte duplica el impacto en los ingresos de otra de las medidas fiscales prometidas por Mazón, la eliminació­n también del Impuesto de Patrimonio, que supone 223 millones de euros este ejercicio según los presupuest­os autonómico­s.

En cualquier caso, el nudo gordiano de la reforma fiscal prometida por el candidato popular y próximo presidente valenciano se encuentra en el tramo autonómico del impuesto sobre la Renta. Los populares han valorado en algo más de 1.000 millones de euros el impacto de las medidas propuestas mediante una modificaci­ón de los tramos actuales y la rebaja de las tasas en el IRPF.

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El líder del PP valenciano, Carlos Mazón.

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