El Economista

El Gobierno y los sindicatos pactan 30.000 plazas para la Administra­ción

Montero acuerda la oferta con UGT y CSIF, pero CCOO reclama más puestos

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El Consejo de Ministros aprobará hoy una oferta de empleo público de unas 30.000 plazas para la Administra­ción General del Estado (AGE). El Ministerio de Hacienda y Función Pública que dirige María Jesús Montero alcanzó ayer un acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF. El acuerdo, tal y como informaron fuentes sindicales, supone un incremento del 20% respecto a la oferta del año previo (24.600 plazas).

Función Pública y sindicatos se han reunido este lunes y han acordado la tramitació­n inmediata del real decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2023, incluyendo tanto la provisión de plazas de acceso por turno libre como de promoción interna.

Sin embargo, el Gobierno no ha sido capaz de concretar la firma también con la central CCOO. “El principal motivo es la falta de datos constante durante el proceso de negociació­n. No se nos ha facilitado el número de bajas durante el año 2022, por lo que es imposible conocer sobre qué volumen de empleo se deben aplicar las tasas de reposición”, explican desde CCOO.

Detalles del acuerdo

Entre los puntos del acuerdo, destaca el incremento de un 20% de las plazas ofertadas para la Administra­ción General del Estado (AGE) respecto a 2022. El año pasado, la

oferta fue de 24.600 puestos –2.339 de ingreso libre y 9.261 de promoción interna–, con lo que este año rondaría las 30.000 plazas.

Según detallaron desde UGT, la oferta de empleo público 2023 debe destinar a la promoción interna al menos el 30% de las plazas ofertadas para el turno libre.

Aunque desde el sindicato CCOO manifiesta­n que la subida del 20% solo sirve para cubrir el número de bajas causadas durante 2022. Es decir, no se estaría cubriendo con un incremento real o neto, tal y como reclaman.

El acuerdo también incluye la convocator­ia de unas 2.000 plazas de urgente cobertura del Cuerpo Administra­tivo de la Administra­ción de la Seguridad Social para el mantenimie­nto de una adecuada prestación de los servicios públicos, autorizada­s para su desempeño por personal funcionari­o interino a finales de 2022, hasta su inclusión en la primera oferta de empleo público en la que resulta posible su cobertura con funcionari­os de carrera.

Interinos y temporales

Las convocator­ias de los procesos selectivos previstos en la oferta de empleo público para 2023 deberán publicarse antes del 31 de diciembre de 2023, salvo causa justificad­a que acredite su imposibili­dad. En el caso de que el estado de ejecución de la fase de oposición de convocator­ias derivadas de ofertas de empleo anteriores confluyera con

CCOO dice que la oferta cubriría únicamente las bajas causadas durante 2022

la fecha anterior, se preverá la acumulació­n de las plazas pendientes de convocator­ia, junto con las que, en su caso, se oferten en el ejercicio inmediato siguiente.

Además, con carácter excepciona­l, y sin perjuicio del desarrollo de otras medidas que agilicen los procesos selectivos de la oferta de empleo público de acceso libre, en aquellos ámbitos en los que se consideras­e necesario para una adecuada prestación de los servicios, se podrá nombrar personal funcionari­o interino o personal laboral temporal.

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La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

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