EL CAMBIO DE PARADIGMA DE LA NUEVA LEY CONCURSAL
El nuevo texto de la ley concursal que entró en vigor el septiembre del año 2022 y que traspone la Directiva 2019 /2013 sobre reestructuración e insolvencia, modifica radicalmente el régimen preconcursal. La reforma supone un cambio de paradigma para las compañías que no están en concurso, ya que la propiedad puede cambiar de manos al permitir la nueva norma que los acreedores, si consideran que hay riesgo de solvencia, puedan imponer un plan de reestructuración y tomar el control del capital de la compañía amortizando las participaciones de los socios mediante la capitalización de créditos en compañías que no están en concurso.
Los problemas entre deudores y acreedores suelen llegar cuando se tiene que homologar el plan de reestructuración, ya sea porque no se está de acuerdo con la valoración dada en el plan, o ya sea por la viabilidad del propio plan. La valoración es un pilar esencial. Una cosa es hacer valoraciones pero otra bien distinta es que sean correctas. En este sentido, una compañía Celsa, de alto valor estratégico para el desarrollo económico de nuestro país, está siendo objeto de una batalla de informes y contra informes sin precedentes de las que ya ha dado cuenta El Economista.
El grupo industrial metalúrgico español con más de 60 años de antigüedad es un referente en la producción circular de acero con bajas emisiones, primer reciclador de España y segundo de Europa y que a su vez, representa la primera cadena de suministros reciclados más grande de Europa con una generación de 10.000 empleos y 70.000 empleos indirectos o inducidos. Su tecnología, le permite producir con 0,3 toneladas de CO2 por tonelada de acero cuando el resto del sector emite el doble de emisiones, hasta 0,6 toneladas por tonelada de acero. Este modelo de producción sumado a la integración vertical de sus 12 plantas supone una ventaja competitiva para Celsa que se mantendrá más allá de 2030.
La batalla viene derivada en lo concerniente a la valoración de la compañía y a la reestructuración de la deuda. Para los accionistas, el valor de la siderúrgica estaría en torno a 6.200 millones en el escenario más optimista y en 4.200 millones para el más pesimista. Mientras que los Fondos sitúan el valor de la siderúrgica en 2.600 millones, lo que implica que Celsa deba más de lo que vale, en torno a 3.000 millones asciende su deuda. Esta valoración a la baja ha llegado a ser calificada como exótica por los expertos.
No es un problema de negocio la cuestión a resolver, la compañía entre 2011 y 2022 fue capaz de crecer un 20% de media anual. Con cifras récord de facturación y ebitda en 2021 y 2022, en el cumplimiento de sus previsiones, un dato más para constatar que las previsiones de crecimiento del 3,4% anual hasta 2030 son totalmente razonables y conservadoras. Incluso sin tener en cuenta la afectación de la Covid, la empresa habría sobrepasado en un 14% sus previsiones desde 2017. Por lo que la empresa es viable desde una perspectiva económica, es decir, es susceptible de generar beneficios sin perjuicio de sus dificultades financieras.
La cuestión a resolver es por qué estas cifras, así como las previsiones futuras fueron descartadas por los Fondos a la hora de realizar las valoraciones. Más de uno se preguntará si el valorador ha procedido de manera diligente y si ha seguido los procedimientos básicos para llevar a cabo su trabajo de valoración. En este sentido, para los expertos independientes los informes adolecen del rigor necesario, e incumplen los procedimientos más básicos, relevantes para llevar a cabo un trabajo de valoración.
Se ha realizado el informe partiendo de estimaciones propias sin acceder a la información de primera mano de la compañía en cuanto a coste de materia prima y precios de venta, fundamentales para realizar una valoración por flujos de caja. Es más, la valoración presentada extiende a perpetuidad los márgenes de rentabilidad históricos del grupo del periodo cuando la compañía actual nada tiene que ver con el periodo de hace 10 años.
En cuanto al plan de reestructuración presentado por los Fondos, lleva a la compañía a una nueva reestructuración en cinco años, con un nivel de deuda superior a la inicial y un apalancamiento insostenible, que no puede garantizar el saneamiento ni la viabilidad de la siderúrgica.
No me dirán que resulta paradójico que aquellos que solicitaron la homologación del plan de reestructuración, quieran imponer una nueva estructura financiera cuyas magnitudes y componentes no garantizan aquello que dicen perseguir. Esto, no solo puede provocar el colapso de Celsa en muy corto plazo, sino que como sostiene la compañía, transgrede gravemente el ordenamiento jurídico y busca llevar a cabo una expropiación de la compañía y la expulsión de los accionistas del grupo en una magnífica operación financiera para los fondos.
Más de uno puede llegar a pensar que los Fondos, estaban esperando la entrada en vigor de la reforma de la ley concursal para hacerse con el 100 % de la propiedad el grupo a precio de saldo. Sin embargo, Cataluña y España, no solo pueden ver cómo se traslada de manos una compañía de gran valor industrial, y de alto valor estratégico, sino que el plan presentado por los Fondos acreedores tiene más posibilidades de provocar el concurso del grupo a corto plazo que evitar un concurso, por lo que puede haber un peligro grave de desaparición si la compañía pasa a manos de los Fondos.
Celsa está siendo objeto de una batalla de informes y contrainformes sin precedentes