El juez fallará en septiembre sobre Celsa, que espera apoyo del Gobierno
Como empresa estratégica, la toma de control de los fondos requeriría permiso
La resolución judicial sobre la reestructuración de Celsa y su futuro accionarial deberá esperar hasta “los primeros diez días de septiembre”, según indicó ayer el titular del Mercantil 2 al dejar el caso visto para sentencia. Álvaro Lobato debe decidir si acepta el plan de reestructuración presentado por los fondos acreedores de Celsa, que reclaman asumir el control de la compañía de la familia Rubiralta, y ha expuesto que necesita este tiempo para emitir su fallo y argumentación en base a toda la documentación y testimonios aportados por las partes.
Su objetivo inicial era emitir el fallo este mes de julio, pero adujo que no se ve “capaz de tomar una decisión en tan corto periodo de tiempo”, pese a ser “plenamente consciente de que el tiempo es una variable esencial para todo el mundo, especialmente para la compañía y los trabajadores”. Su postura será determinante, ya que contra su sentencia no cabrá recurso.
En la sesión de conclusiones del juicio, tras cinco días de testimonios la semana pasada, los pilares argumentales -con posturas divergentesde los representantes legales de Celsa y de los fondos acreedores volvieron a ser la valoración de la compañía y su viabilidad, con críticas cruzadas de “parcialidad” en los análisis periciales e invalidez de los mismos. Para los accionistas actuales, un cambio de propiedad llevaría al “colapso”, y para los fondos, no aprobar la reestructuración abocaría a Celsa a un concurso de liquidación. La decisión del juez será de suma trascendencia para el futuro de Celsa, pero también puede sentar base de jurisprudencia, si dirime en favor de los fondos que compraron deuda de Celsa en 2019 y en contra de la familia propietaria de la multinacional catalana.
Además, si la sentencia es favorable a los fondos, entrará en juego otro aspecto relevante: Celsa está considerada empresa estratégica española. Por ello, si el juez autoriza la toma de control de la compañía por parte de los fondos, éstos deberían solicitar y recibir autorización del Gobierno español, ya que se trata de inversores extranjeros, según sostiene la Abogacía del Estado en la documentación del caso.
El abogado de Celsa ha exhortado sobre que el plan de los fondos contiene medidas para eludir la ley española que protege a las empresas estratégicas afectadas por las consecuencias de la pandemia, lo que atenta contra la legislación española y la propia Constitución.
La sentencia estaba prevista este mes, pero cuando llegue será firme y no cabrá recurso