EL CONGRESO SE DIVIERTE
El Congreso se divierte y no nos referimos a la película de Erik Charell de principios de los años 30 del pasado siglo, sino al Congreso de los Diputados en España que, por obra y gracia del sometimiento de Pedro Sánchez a los caprichos de los independentistas catalanes y los filoterroristas de EH Bildu, empieza a ser conocido en círculos parlamentarios como “el circo de los pinganillos”. Un capricho que ya fue rechazado en el Congreso en junio de 2022 con los votos en contra de la inmensa mayoría de los diputados, grupo socialista incluido, pero que ahora se materializa por la ambición de un presidente en funciones al que no le importa vender España y destruir los cien años de historia de un PSOE para mantenerse en La Moncloa.
Cabría recordar que las lenguas autonómicas sólo son cooficiales en sus comunidades respectivas y no en el resto de España. Y con todo el respeto por esas lenguas y por la diversidad, es importante reseñar que esta imposición de los Frankenstein para dar sus votos a la investidura –por cierto, no la más grave ni la menos humillante que Junqueras ha admitido que la amnistía está pactada y el referéndum de autodeterminación en marcha–no se produce por razones de índole lingüística, sino para crear un la ficción de un estado plurinacional y un clima de división y enfrentamiento que favorece a sus intereses secesionistas y supremacistas.
Pero junto a esta vulneración de la legalidad y de la sensatez, el coste de esta imposición en un país con 13,1 millones de españoles en situación de pobreza o exclusión social, con datos del indicador AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), es un insulto a la ciudadanía y un desprecio a los muchísimos hogares que no pueden llegar a fin de mes.
Hasta 280.000 euros sólo hasta diciembre cuesta el empleo del catalán, el euskera y el gallego, además del castellano, durante las sesiones parlamentaria. 280.000 euros que pagamos todos mientras se recortan prestaciones sociales en un país donde el precio del aceite ha subido un 52%, la gasolina está en máximos, la Seguridad Social tarda dos meses en dar cita y el último informe de la OCDE muestra que tenemos el Gobierno que más ha subido los impuestos, el que más grava fiscalmente los salarios y el que tiene la mayor tasa de paro de todos los países desarrollados.
Esta es la política social del sanchismo y de sus socios para la investidura, que ahora amenazan con reclamar una supuesta deuda histórica de Cataluña, que cifran en 450.000 millones de euros y que, nadie lo dude, Sánchez pagará imponiendo nuevos impuestos confiscatorios sobre todos los ciudadanos del país. Eso y la condonación de los más de 74.000 millones de la deuda catalana con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en una afrenta con respecto al resto de las comunidades españolas y un flagrante atentado contra la igualdad de todos los españoles que consagra la Constitución.
Un circo de los pinganillos que aleja cada vez el Parlamento de los ciudadanos y de la realidad social, y en el que la nueva maestra de ceremonias de la Cámara, la presidenta Francina Armengol aparece vinculada a un caso de presuntas irregularidades al autorizar, cuando era presidenta del Gobierno de Baleares un hotel bloqueado durante 18 años en el que su pareja tiene intereses económicos, además de recibir ayudas públicas por 1,4 millones bajo el concepto de “ayudas por el coronavirus” y sin concurso público.
Todo ello aderezado con el show de Vox y la esperpéntica intervención de Borja Semper, el “genio de la campaña del verano azul” y portavoz para la ocasión del Grupo Popular, hablando en euskera para oponerse al uso del euskera y del resto de las lenguas autonómicas ante la estupefacción y el cabreo consiguiente de sus compañeros de bancada. ¿Para cuándo fía Núñez Feijóo el cambio urgente y necesario en la dirección, estrategia y comunicación de un desnortado Partido Popular? ¿Hasta cuándo seguir mirándose al ombligo sin asumir que han ganado las elecciones, mendigando un pacto de Estado con un Sánchez que los ningunea y los desprecia y sin saber utilizar su mayoría en el Congreso, la mayoría absoluta en el Senado y su inmenso poder territorial?
El empleo del catalán, euskera y gallego en el parlamento costará 280.000 euros