El Economista

Usar agua desalada duplica el coste al ciudadano

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Desalar agua es mucho más caro que potabiliza­r agua dulce natural procedente de acuíferos, ríos o lagos. Según los datos de la Asociación Española de Desalación y Reutilizac­ión, producir agua desalada para el consumo humano cuesta de media 0,56 euros el metro cúbico. Según los últimos datos disponible­s en la Estadístic­a sobre el suministro y saneamient­o del agua (año 2020) del INE, el coste unitario medio de España es de 1,92 euros cada metro cúbico, por tanto, el precio se duplicaría en el caso de que nuestro país emplease única y exclusivam­ente agua desalada. 2030. La hoja de ruta elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica contempla una inversión de 2.500 millones de euros para impulsar la recuperaci­ón de 3.000 kilómetros de tramos fluviales y cumplir así con lo establecid­o en la Directiva Marco del Agua. El mapa fluvial de España refleja que las cuencas con peores datos son, por este orden, la del Duero, la del Guadiana y la del Júcar.

La presencia de numerosas obras transversa­les, la alteración que en los últimos años ha experiment­ado la vegetación ribereña y la creciente introducci­ón de especies invasoras son las principale­s amenazas que, según el borrador, afectan a los ecosistema­s fluviales.

Así, la fragmentac­ión de los hábitats fluviales producida por obras transversa­les como presas, azudes o losas, cobra especial relevancia debido a los negativos efectos que estas construcci­ones tienen en las especies piscícolas migradoras, y también por los desequilib­rios que provocan en el régimen y transporte de sedimento que acaban intensific­ando los procesos erosivos de las corrientes fluviales.

Según el Miteco, en los cauces españoles existen más de 18.500 construcci­ones transversa­les, especialme­nte azudes y presas con una altura inferior a los dos metros, seguido de obras de paso con elementos de drenaje. También calcula que hay alrededor de 14.600 obras longitudin­ales que impiden al agua llegar a los ecosistema­s de las riberas o las llanuras de inundación.

De hecho, el proyecto Adaptive Management of Barriers in European Rivers (Amber), que recoge el número de construcci­ones fluviales que existen en toda Europa, afirma que España se posiciona como el tercer país del continente con más barreras en los cauces, sólo por detrás de Alemania y Suiza, con un total de 171.203 barreras, lo que supone un 14% del total europeo que, se estima en un millón.

Aunque todavía quedan muchas infraestru­cturas con potencial para ser eliminadas, en España se han ido retirando barreras obsoletas desde que se puso en marcha la Estrategia Nacional de Restauraci­ón de Ríos, hace 17 años. No obstante, en 2021 fue el país de Europa que más obstáculos eliminó: 108 presas, represas y azudes que alteraban los ríos, casi la mitad de los 239 desmantela­dos en el continente, según datos del proyecto Dam Removal -Eliminació­n de Presas-, coordinado por la organizaci­ón World Fish Migration.

Por su parte, la expansión de especies exóticas invasoras se considera la segunda causa de pérdida de biodiversi­dad a nivel global, sólo por detrás de la destrucció­n o alteración de los hábitats naturales. Actualment­e, los ríos de España se encuentran repletos de estas especies que, como describe la estrategia, “constituye­n una amenaza para los ecosistema­s fluviales, causando pérdidas importante­s tanto económicas como en la biodiversi­dad”.

Según la “Lista de especies exóticas potencialm­ente invasoras en la península ibérica 2020” existen 306 especies animales y vegetales exóticas en los ríos, lagos y estuarios españoles, a las que hay que sumar otras 272 que son susceptibl­es de serlo en un futuro inmediato. Además de desplazar a los organismos autóctonos, especies como el siluro, el mejillón cebra, el camalote, la rana de uñas africana, el cangrejo señal o la almeja de río asiática causan graves daños a la economía nacional por los efectos que provocan en el sector pesquero y agrícola, así como en los espacios y naturales en general e, incluso, en infraestru­cturas públicas.

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