Urge actualizar el precio de la VPO

Pese a las promesas electorales, más de la mitad de las CCAA no desarrollan vivienda de alquiler asequible

Solucionar la falta de vivienda pública y asequible se erigió como una de las promesas electorales durante la campaña de las municipales y autonómicas del pasado año. De hecho, Pedro Sánchez anunció entonces la construcción de 183.000 pisos de alquiler limitado. Un compromiso que es imposible de cumplir. A ello contribuye que la edificación de este tipo de inmuebles ha caído un 82% en la última década. Una tendencia que se incrementó el pasado año. No en vano tres autonomías (Baleares, Canarias y Cantabria) no han promovido ni una sola vivienda de protección oficial (VPO) mientras que en otras seis (Asturias, Valencia, Extremadura, Galicia, Murcia y La Rioja) se han construido, pero solo para la venta, no para el arrendamiento. La eliminación de los modelos de subvención y de financiación ventajosa para la VPO es uno de los factores que provocan el desplome. Aunque el más importante es la congelación del precio máximo al que se pueden vender estas casas (módulos) en la mayoría de las CCAA, salvo Madrid que lo actualizó el pasado año. Esto provoca que a las promotoras no les salga rentable levantar VPO. Por si fuera poco, estos factores coinciden en un momento en el que los costes de construcción y los materiales se han disparado más del 25%. Todo ello explica por qué las promotoras no hacen VPO, pese a que la vivienda es el cuarto pilar del Estado de Bienestar. Urge terminar con esta situación. Para ello es necesario que las autonomías actualicen los módulos a la realidad actual para que las promociones sean rentables. Con todo, el paso definitivo sería que la revisión de los precios de la vivienda protegida no dependiera de decisiones políticas, sino que se vinculara a parámetros objetivos, como el alza de los costes o la propia evolución de la inflación.