Ortiz vende su laudo contra Panamá tras años de batalla
Se deshace de él por 25 millones de euros, tras una pugna que persistía desde el año 2021
Ortiz pone tierra de por medio a años de riña con la administración panameña. La constructora española ha decidido vender el laudo arbitral que mantenía con el Ministerio de la República de Panamá (MINSA) por 25 millones de euros, de acuerdo a la última información financiera depositada ante el Mercado Alternativa de Renta Fija (MARF) con motivo de la presentación de sus cifras anuales.
En la documentación consultada, Ortiz explica que el pasado 29 de febrero, a través de su sociedad dominante Ortiz Construcciones y Proyectos SA, recibió una propuesta de compra del laudo arbitral respecto al contrato de Redes de Saneamiento Lote I y III en San Miguelito, en Panamá, por valor de 27 millones de dólares (25 millones de euros al cambio). La compañía, cuyo director general es Raúl Arce, ahonda en que dicha propuesta ha sido aceptada, “por lo que durante el ejercicio 2024, entrará una caja por este importe”.
Más de tres años
El pulso entre la compañía y Panamá lleva enquistado más de tres años. La pugna se fecha desde, al menos, el momento en el que un Tribunal Arbitral diese su veredicto en favor de la empresa española mayo de 2021, lo que llevó a la administración a solicitar al Ministerio Público del país que promoviese un recurso de nulidad contra dicha condena —en defensa de los intereses del Estado —, de acuerdo a la prensa local.
El conflicto se inició cuando el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) rescindió el contrato tras alegar incumplimientos por parte de Ortiz. Antes de llegar a este punto, un Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se declaró incompetente ante el sometimiento a arbitraje contemplado en el contrato.
150 kilómetros
La rescisión del contrato frenó en seco las labores para la construcción de la red de alcantarillado del distrito de San Miguelito, donde Ortiz debía encargarse de la construcción de aproximadamente 150 kilómetros de redes de alcantarillado y subcolectoras cuyo objetivo era el de recoger aguas servidas o residuales.
El plan beneficiaba aproximadamente a 13.900 familias y a cerca de 58.400 habitantes de la zona, disminuyendo la contaminación y riesgos de salud, al mismo tiempo que contribuía a mejorar el saneamiento y las condiciones de la calidad de vida de la población de la ciudad y Bahía de Panamá. En el proyecto se integraron a miembros de la comunidad, dando también la oportunidad a los jóvenes de poder trabajar en la construcción.