La independencia fiscal de Cataluña debilitará la lucha contra el fraude
Los inspectores de Hacienda alertan de la pérdida de 3.000 millones en ingresos
La autodeterminación tributaria catalana que plantea la Generalitat al Gobierno restará más de 3.000 millones de euros a la recaudación procedentes de la lucha contra el fraude fiscal. La Asociación de Inspectores de Hacienda advierte de la incapacidad de una Agencia Tributaria Catalana (ATC) para perseguir las actividades ilícitas, especialmente las cometidas por las multinacionales y los grandes patrimonios. Una labor –que a nivel estatal– generó unos ingresos extraordinarios de 15.332 millones de euros en 2022, claves para enderezar la estrategia de reducción del déficit público iniciada tras la pandemia. Un 20% de esa recaudación adicional procedía de actuaciones llevadas a cabo por la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña.
El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, propuso hace días una reforma de la financiación autonómica para permitir a Cataluña la gestión y recaudación de todos los impuestos en su territorio para después transferir una parte de los recursos al Estado. Para ello, el líder de ERC, prepara la creación de su propia Agencia Tributaria. Aragonès hace referencia al acuerdo de investidura que convirtió a Sánchez en presidente. En él, el socialista se comprometió a explorar la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña, a través de un Consorcio que servía de nexo de unión entre ambas administraciones.
“La ATC tendría que requerir la colaboración de la Agencia Estatal para realizar prácticamente cualquier inspección, porque no podrá verificar operaciones realizadas fuera de Cataluña, ni elementos materiales sitos fuera de la comunidad autónoma, ni requerir información de contribuyentes no establecidos en Cataluña”, relata el documento presentado ayer en la Asociación de la Prensa de Madrid. En concreto, los inspectores de Hacienda prevén que –de llevarse a cabo– la nueva agencia catalana se vería obligada a encargar los trabajos de inspección a efectivos de la Agencia Tributaria, lo que alargaría los plazos “en perjuicio de los derechos de los contribuyentes”.
Multinacionales y patrimonios
La labor sería más precaria incluso en el control sobre las multinacionales, “ya que la explotación de la información y las actuaciones de control debe ser ejercida con carácter nacional”, alerta el informe. En la actualidad existen 124 multinacionales en España que facturan más de 750 millones de euros anuales, y que tienen 14.700 filiales, de las que 9.800 son extranjeras.
Lo mismo ocurriría con los grandes patrimonios. Con la creación de una Agencia Tributaria catalana, la Generalitat perdería a la Unidad Central del Control de Patrimonios Relevantes, el equipo de inspectores encargados de detectar y actuar ante las irregularidades fiscales cometidas por las rentas más altas, y que depende del ministerio de Hacienda. Con ellos, Cataluña perdería toda la información y el censo que esta unidad lleva desarrollando desde 2018, y que permite una persecución eficaz. Solo en 2022, las actuaciones contra aquellos con altas capacidades económicas generaron como resultado deudas liquidadas por importe de 546 millones de euros en 1.130 expedientes.
Es más, los inspectores han explicado que existen tributos, como el caso del IVA, en los que su naturaleza hace imposible una gestión descentralizada del mismo. “Es más, las tendencias internacionales en este impuesto abogan cada vez más por una gestión en un solo país miembro y el reparto de recaudación entre los Estados”, remarca la asociación.
A ello, se añade la inseguridad sobre el futuro del cuerpo de inspectores que desarrollan su actividad en la delegación catalana. “Nuestros compañeros que están en Cataluña nos han trasladado su preocupación y su nerviosismo, porque no saben nada. No saben nada de qué pasaría con ellos, con sus vidas”, denunció ayer la asociación. En paralelo, la Agencia Tributaria anunció ayer su intención de elevar en 2.000 efectivos su plantilla, hasta alcanzar un total de 29.300 personas al cierre del año 2027.
La región dejará de contar con la unidad de control de multinacionales y grandes patrimonios