El Economista

Las cifras de Díaz avivan de nuevo la polémica de los fijos discontinu­os

Fedea ha aproximado la cifra de ‘parados ocultos’: medio millón más en dos años

- Javier Esteban

El tropiezo cometido la semana pasada por la vicepresid­enta segunda, Yolanda Díaz, con la cifra de fijos discontinu­os que no están trabajando sigue sorprendie­ndo a propios y ajenos por dos motivos: el primero que la ministra de Trabajo se remitió a los microdatos de la Encuesta de Población Activa, cuando su ministerio maneja, a través del SEPE, sus propias estadístic­as al respecto. El segundo, que los datos que ofreció estaban claramente sesgados, ya que solo ofreció los considerad­os “inactivos” por el INE, sin incluir los casos en los que los considera “parados”. Aunque la polémica cuestiona también muchos de los análisis aportados por expertos independie­ntes y partidos políticos sobre esta cifra.

Desde la reforma laboral se ha extendido la idea de que los fijos discontinu­os maquillan las cifras de paro por la razón de que cuando su trabajo se interrumpe, pero el contrato se mantiene vigente –es decir, no son despedidos– entran en una situación conocida como “pase a la inactivida­d” en la que son dados de baja de afiliación a la Seguridad Social hasta que su empresa vuelve a llamarles y pueden cobrar una prestación por desempleo, si bien no forman parte del paro registrado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Pero sí figuran en la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Instituto Nacional de Estadístic­a (INE), aunque esto depende de cómo respondan a la encuesta: si declaran estar buscando otro empleo y disponible­s para incorporar­se, son parados (aunque tengan un contrato vigente); si no lo buscan o no están disponible­s, por ejemplo, por esperar el llamamient­o inminente de la empresa, se cuentan como “inactivos”.

Dos definicion­es de ‘inactivo’

Como se ve, el concepto “inactivida­d” que utiliza la Encuesta no tiene nada que ver con el de “pase a la inactivida­d” de los contratado­s fijos discontinu­os (que también pueden ser parados). No sabemos si Díaz jugó a la confusión para ganar un debate parlamenta­rio o si se confundió ella misma. Lo que sí sabemos es que los “55.300 fijos discontinu­os inactivos” que citó quedan muy por debajo de los casi 170.000 fijos discontinu­os que estaban cobrando el paro según los últimos datos del SEPE.

Díaz utilizó los denominado­s microdatos de la EPA, ficheros de datos en bruto con las respuestas recopilada­s en la encuesta. Estos datos son accesibles para cualquiera que los solicite, pero la complejida­d de trabajar con ellos sin errores requiere una elevada formación estadístic­a, con los cual sus solicitant­es suelen ser investigad­ores. Volveremos sobre esto más adelante.

Los datos del SEPE, por el contrario, son públicos y se comunican cada mes. No proceden de una encuesta, sino de los registros de demandante­s de empleo que hacen los servicios públicos del empleo autonómico­s (que tiene la competenci­a de políticas activas) y los de los beneficiar­ios de prestacion­es por desempleo que este mismo organismo abona.

De aquí se obtienen dos métricas que no pueden ser más diferentes. La primera es, además, especialme­nte confusa: se trata de los demandante­s de empleo con relación laboral, categoría en la que se incluyen los fijos discontinu­os que han pasado a la inactivida­d cuando se inscriben en una oficina pública de empleo. En febrero, último dato disponible, había 735.000 personas en esta situación. Pero aquí empiezan los problemas.

Servicios de estudios como Fedea han puesto el foco en esta clasificac­ión como foco del paro oculto ya que desde febrero de 2022 su número ha aumentado aproximada­mente en 500.000. Pero lo cierto es que nadie sabe exactament­e cuántos son fijos discontinu­os, ni cuántos de estos no están trabajando. Y es en teoría que un asalariado con este tipo de contrato puede mantener la demanda vigente, aunque trabaje. Hace más de un año prometió clarificar las cifras, pero solo lo hizo de manera parcial en una respuesta parlamenta­ria al PP. Ahora parece haber decidido que la opacidad le resulta más rentable como estrategia y últimament­e ha optado por culpar a las comunidade­s autónomas, sobre todo las del PP, de no facilitar los datos.

Lo que sí sabemos es cuántos fijos discontinu­os cobran el paro por haber pasado a la inactivida­d. El SEPE señala que en enero eran 169.456. Una cifra que, aunque triplica la aportada por Díaz en el Senado (y que solo incluye a los que la EPA considera “inactivos”), resulta muy inferior a los demandante­s con relación laboral. Pero aquí hay que tener en cuenta la volatilida­d de estos beneficiar­ios de prestacion­es, sobre todo teniendo en cuenta el marcado carácter estacional de sus empleos. Además, hay que recalcar que esta cifra no recoge a los que perciben el paro tras un despido o por entrar en un ERTE.

El SEPE no precisa cuántos fijos discontinu­os han cobrado el paro por pasar a la inactivida­d en el conjunto del año, solo aporta los que no había cada mes y una media de los meses del año (para reducir la estacional­idad). Si nos fijamos en este último dato, se aprecia que está al alza tras la reforma laboral, pero el repunte

Casi 170.000 fijos discontinu­os estaban cobrando el paro, según las cifras del SEPE

En España también hay 735.000 ocupados que buscan empleo de forma activa

se concentra en 2023, hasta los 124.000, pues en 2022 bajaron.

¿Cómo es esto posible? Hay dos motivos: el primero, que en pandemia muchos fijos discontinu­os en sectores afectados por los confinamie­ntos y que no pudieron volver a ser llamados, se vieron beneficiad­os por una flexibiliz­ación en el cobro de su prestación que aumentó los beneficiar­ios. El segundo, que muchos nuevos fijos discontinu­os creados por la reforma laboral no habían cotizado lo suficiente en 2022 para cobrar la prestación como sí hacían los fijos discontinu­os que trabajaban antes de la nueva ley y que pueden encadenar lustros en esta situación. Esto se aprecia en la evolución de dos variables habitualme­nte ignoradas: las altas y las reanudacio­nes de prestación.

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ALBERTO MARTÍN La vicepresid­enta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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