La Justicia frena el bloqueo de Telegram por ser excesivo y hacer daño económico
No obstante, Pedraz podrá decidir su cierre si finalmente determina que es ilegal
Marcha atrás a la decisión judicial de bloquear el servicio de Telegram en España en cuestión de 72 horas. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rectificó este lunes su decisión de suspender el servicio de la plataforma tras reconocer que es “desproporcionada” y puede causar daños profesionales y económicos a los usuarios que la utilizan al perder datos de índole laboral, interrumpir su actividad comercial con el consecuente perjuicio económico o cortar el sistema de organización de las empresas.
El magistrado decidió el pasado viernes bloquear Telegram para evitar los presuntos delitos contra los derechos de propiedad intelectual tras las denuncias de Atresmedia, Mediaset, Telefónica y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA). La orden llegaba después de que Pedraz remitiera varias comisiones rogatorias a Islas Vírgenes, jurisdicción de origen de la plataforma, para identificar a los usuarios que difundían estos enlaces de contenidos protegidos por los derechos de autor, sin éxito. Tras la nula respuesta de Islas Vírgenes, Pedraz ordenó a todos los operadores de telecomunicaciones e internet españoles bloquear Telegram.
Sin embargo, el propio magistrado ha frenado la decisión reconociendo que era desproporcionada. Joaquín Muñoz, socio de Protección de Datos de Bird & Bird, indica a este diario que de todas las medidas que podría haber tomado el magistrado, probablemente esta es bastante desproporcionada. “Por intentar atajar o paralizar un delito que se pudiera estar cometiendo dentro de la plataforma, se cortan todas las funcionalidades que no tienen por qué estar afectadas por esos intercambios de enlaces o de contenido ilegal”, señala.
Muñoz explica que este tipo de medidas se pueden tomar siempre que cumplan con el criterio de proporcionalidad que tiene que tener tres características: de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sí misma. “Es decir, que se utilice la medida más proporcional para lo que se quiere conseguir e idónea para que sea efectiva con el resultado que se pretende. En este caso, tanto la idoneidad como la proporcionalidad en sí misma estaban mal ponderadas”, añade al respecto.
No obstante, el socio descarta que la decisión de bloquear Telegram en España no implicaría que se vulnerara ningún derecho de los usuarios. “Si un juez determina que una plataforma es ilegal, al usuario no le queda otra que no utilizar ese servicio. La clave es que la decisión esté bien fundamentada y sea proporcional”, apunta.
La privacidad como atractivo
Pedraz deja entrever en su auto que la decisión de ordenar el bloqueo de Telegram es que la red, a diferencia de otras plataformas como pueden ser Youtube, Facebook, Instagram o X, protege de manera más férrea la privacidad de sus usuarios siendo más difícil su identificación. “Son más que múltiples usuarios de todo tipo los que han optado por utilizar Telegram, al brindarles unos beneficios que otras plataformas no dan. Y todo ello bajo una amparada privacidad”, dice el juez. Y añade que estos usuarios aceptan que no se lleven a cabo las garantías necesarias para la protección de derechos de terceros con el intercambio de datos personales. “En definitiva, cesión de derechos fundamentales a cambio de una supuesta privacidad”, incide el magistrado.
Pedraz ha decidido pedir un informe a la Comisaría General de Información de la Policía sobre qué es Telegram y cómo puede afectar su cierre a los usuarios. Finalmente, también indica que se pondrá en contacto con la persona que Telegram tenga en Europa para recibir las quejas y requerirle la información precisa.
La Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales (ambas persiguen delitos de piratería) obligan a estas plataformas a una serie de requisitos, como tener una persona de contacto en Europa a quien denunciar estos asuntos.
El juez pedirá identificar a los usuarios a la persona que la plataforma tenga en Europa