Inseguridad que destruye empleo
Los cambios introducidos por Díaz al margen de la reforma laboral disparan los conflictos legales en caso de despido
El récord de despidos registrado en los dos últimos años ha llevado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a romper definitivamente el consenso del diálogo social que permitió sacar adelante su reforma laboral. Lo ha hecho aprobando una serie de cambios legales por la puerta de atrás que no solo se han hecho ignorando a las empresas, sino que han disparado la litigiosidad en los procesos de ajuste. Según denuncian los abogados laboralistas, la inflación de supuestos que pueden declarar la nulidad del despido lleva a que la mayoría de las demandas, un 95% según estiman algunos despachos, opte por esta vía en lugar de cerrar un acuerdo indemnizatorio. Este balance puede tener una lectura positiva, ya que supone un freno a los abusos en materia de despido que elevan la precariedad laboral, en especial de los nuevos trabajadores indefinidos, y que ni las reformas laborales de 2021 ni la de 2012 lograron corregir. Lo que no es de recibo es que se esté haciendo por la puerta de atrás, sin voluntad real de diálogo con las empresas para afrontar la gran asignatura pendiente del mercado laboral español: una legislación del despido equilibrada y comparable a la de las grandes economías de nuestro entorno. Un consenso imposible con la estrategia que sigue Díaz, que en su afán populista en materia laboral se ha embarcado en un retorcido plan para volver a encarecer las indemnizaciones por cese, aunque sea apoyando una denuncia sindical contra su propio Ejecutivo ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, que solo provocará miedo entre las empresas a contratar. Todo ello con un Gobierno que se niega a ver que la inseguridad jurídica es la mayor destructora de puestos de trabajo.