La seguridad jurídica y la independencia de la Policía Judicial
elEconomista.es nació y es un medio de comunicación que está preocupado por el entorno que regula la actividad social, normativa y jurisdiccional, a fin de ayudar al desarrollo de las empresas, aplaudiendo o criticando todo aquello que perjudique o beneficie al desarrollo empresarial y por tanto, con total independencia, denunciar a cuantos poderes públicos, institucionales o económicos pretendan mermar la seguridad jurídica, el marco normativo, la política tributaria, etc.
En los últimos tiempos vivimos cambios normativos, resoluciones jurisdiccionales, intromisión del poder político en las empresas, así cabe mencionar situaciones tan llamativas como la cuestión de las renovables en Galicia, donde la actividad jurisdiccional está condenando a dicho territorio a la inexistencia en materia de renovables o la dificultad empresas estratégicas para su reestructuración (Alcoa). También somos testigos de la entrada del Estado en el capital de Telefónica, o la incursión del Ministerio de Transición Energética en el conflicto judicial entre Iberdrola y Repsol, despreciando sus obligaciones de neutralidad y exhibiendo un lenguaje político y anti industrial sorprendente.
Hay tantos ejemplos que enumerarlos todos es enorme labor y pondría a prueba la capacidad física de nuestro portal o del periódico en papel. De estas actuaciones venimos dando cuenta diariamente.
Pero hay un hecho extraordinario, de terrible gravedad, pero que no ha alcanzado la suficiente trascendencia; y sin embargo muy alarmante, pues cuestiona nada menos que nuestro sistema judicial y policial. Un caso que no sólo ha llevado a una persona y a su familia a sufrir un deterioro de su imagen y una frustración al amparo judicial efectivo, sino que ha puesto en evidencia lo fácil que ha resultado ser la corrupción judicial y la policial. Nos referimos al llamado caso de la Doctora Pinto y Javier López Madrid y el comisario Villarejo.
- Corrupción policial y no sólo del llamado comisario “Villarejo”. Todas las pruebas que por fin la Audiencia Provincial de Madrid ha relatado en su resolución ponen en evidencia la participación de diferentes policías o responsables.
- Los diferentes autos judiciales con párrafos no trasladables para no incidir en deteriorar la imagen de los afectados, por basarse en juegos intelectuales de la instructora, vulnerando toda presunción de inocencia y no atendiendo a criterios basados en hechos para sostener unos supuestos indicios. Han hecho falta varios jueces y once años de instrucción para que la afectada se vea libre y ocupando la posición que se merece, la de víctima.
Pero este hecho, mantenido durante once años vivo, exige, por la seguridad jurídica, que se refuercen los sistemas policiales, garantizar la independencia de la policía judicial respecto de los estamentos políticos, la imposibilidad de que los policías puedan dedicarse a tareas de investigación como detectives privados o miembros de empresas de seguridad y, sobre todo, que todos los implicados reciban las consecuencias de sus actos, y ésta será la norma básica para defender nuestro Estado de Derecho.
A día de hoy, hay policías y jueces en activo que, conscientes o no, han propiciado el mayor escándalo de corrupción policial y judicial. De tan colosal gravedad que no se debería tapar o ignorar. Por tanto, no es suficiente con las resoluciones judiciales que correspondan a López Madrid, a Villarejo y demás autores materiales.
Urge que estos once años de espera pongan de manifiesto las medidas necesarias a adoptarse y a la par agradecer y aplaudir a los magistrados que han corregido las actuaciones no defendibles de otros miembros de la carrera judicial y de los policías. También es justo reconocer el valor y la dignidad de la persona afectada y su familia. Gracias a su tesón y esfuerzos económicos, necesarios para mantener un procedimiento penal inventado por la policía y mantenido por los jueces durante once años, ha sido posible que se conociera la verdad del “Comisario Villarejo” y la corrupción policial.