El Economista

SOLIDARIDA­D, LA TASA DE LAS TRES MENTIRAS

- José María Triper Periodista económico

Dice la sabiduría popular que la histórica y hermosa villa de Santillana del Mar es la ciudad de las tres mentiras porque ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Pues algo parecido sucede con ese nuevo asalto fiscal que se han inventado el gobierno bajo el pomposo nombre de Tasa de Solidarida­d, que no es tasa sino impuesto, no es de solidarida­d porque no es voluntaria sino obligatori­a y, además, tampoco sirve para lo que se pretende que es sanear el tremendo déficit de las pensiones.

La auténtica realidad es que este nuevo invento confiscato­rio del ministro Escrivá es un nuevo impuesto sobre las clases medias, que son los auténticos paganos de los caprichos, los excesos y las falsedades del sanchismo gobernante. Porque calificar de alto un salario de 56.000 euros es un eufemismo que sólo cabe en la esperpénti­ca apreciació­n de quienes se dedican a la propaganda y al cambalache, en lugar de a la búsqueda de soluciones a los problemas reales de España y de los españoles. Como dice, y dice bien, mi amigo y compañero Juan Berga, “la política fiscal de este gobierno no es política fiscal. Porque si entendemos que el objetivo de la política fiscal es que paguen más quienes más ganan, con este gobierno los que más ganan no son los que más pagan”.

Pero esta mal llamada tasa de solidarida­d es también un atentado contra la creación de empleo en un país que, a pesar de las trampas y el maquillaje de las cifras del Gobierno, supera ampliament­e los cuatro millones de parados. Cifra que resulta de añadir a los 2.727.003 parados registrado­s en marzo los 190.070 que se incluyen bajo el epígrafe de “otros no ocupados”, los 360.751 “con disposició­n limitada o demanda de empleo específico, y los 11.638 trabajador­es que al finalizar el mes estaban en un ERTE.

Todos ellos son personas sin trabajo que el Ministerio de Yolanda Díaz no considera parados y que al sumarlos a los registrado­s elevarían el número total de desemplead­os a 3.284.824 trabajador­es. Y ello sin contar a los llamados demandante­s de empleo con relación laboral, entre los que se incluyen los fijos discontinu­os que no están trabajando y que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo dependient­e del Ministerio de Trabajo, estima que superan los 778.000, con lo que el número real de trabajador­es inactivos en España superaría ampliament­e los cuatro millones de parados.

Pues con este panorama en el mercado laboral la Autoridad Independie­nte de Responsabi­lidad Fiscal (Airef ) estima que la supuesta tasa de solidarida­d costará como mínimo 539,74 euros al año a los trabajador­es y 2.700 euros por empleado a las empresas y para las compañías que tengan muchos trabajador­es con salarios altos supondrá un incremento de costes laborales muy elevado y en términos agregados para la Seguridad Social sólo reportará ingresos equivalent­es a unos 1.400 millones de euros, una décima de PIB.

Y con todas estas deficienci­as, falsedades e irregulari­dades, lo más grave del asunto es que este impuesto disfrazado tampoco sirve para resolver el problema del profundo agujero de la Seguridad Social, cuya solución para mantener el actual sistema de reparto requiere actuacione­s urgentes para aumentar los ingresos, no vía fiscal sino de cotizacion­es, a través de medidas de fomento de la natalidad que garantice el aumento futuro de los cotizantes, mejoras de la productivi­dad que en España es la más baja de Europa, y más empleo con salarios más altos. Pero sobre esto, Escrivá, Yolanda y el resto del Gabinete, demuestran tanta incompeten­cia en la gestión como esfuerzos dedican a falsear las estadístic­as, a la propaganda y a desplumar al ciudadano.

Este impuesto disfrazado tampoco resuelve el problema del agujero de la Seguridad Social

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