Saiz busca penalizar la pensión en la jubilación anticipada de la industria
Aplica los coeficientes reductores en la prestación y empeora el cálculo de la base de cotización Propone un año menos de adelanto, a los 62, y reducir únicamente la mitad de la jornada laboral
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado el primer paso para desarrollar el nuevo y esperado marco regulatorio que permita hacer compatible el cobro de la pensión con la salida paulatina del mercado laboral. La cartera que encabeza Elma Saiz ha elaborado un primer borrador que ha dejado descontentos a patronal y sindicatos. Especial atención ha recibido la propuesta para reformar la jubilación parcial anticipada de los trabajadores de la industria, esencialmente los del sector del automóvil. El texto propone un recorte en la pensión al aplicar los coeficientes reductores por el adelanto, además de afectar al cálculo de la base reguladora.
La primera propuesta del departamento de Saiz orienta esta modalidad hacia una menor flexibilidad. Dentro de la jubilación anticipada, el sector manufacturero tiene una propia normativa. ¿Qué modifica? Las futuras pensiones de los trabajadores que elijan salir antes de lo previsto y combinar empleo y pensión a tiempo parcial. Además de introducir los coeficientes reductores sobre la cuantía, no recalcula la pensión cuando se accede a la jubilación plena: no computa toda la base de cotización del trabajador, empeorando la base reguladora que calcula la futura prestación, igual que sucedía antes de 2011.
La propuesta también introduce una mayor rigidez por dos detalles adicionales. La reforma propone que los trabajadores ya no puedan acceder a esta modalidad a los 61 años, sino a los 62 años, tres años antes de la edad ordinaria. A su vez, el enfoque que toma el Gobierno con este tipo de jubilación limita las opciones a las que se puede acoger el trabajador a la hora de reducir su jornada de trabajo. Antes era entre el 25% y el 67%, hasta un máximo del 80% con contrato de relevo. Ahora propone una parcialidad máxima del 50% de la jornada en las anticipaciones de 36 meses (dos años y medio antes de los 65 años).
Será también a partir de los 62 años cuando podrán retirarse las profesiones penosas, duras o tóxicas que entrarán en el nuevo abanico de jubilaciones anticipadas que prepara el Gobierno.
Fuentes sindicales muestran su rechazo a una propuesta para reformar la jubilación parcial que consideran un “ataque frontal”. “No se tiene ninguna sensibilidad en el Gobierno para mantener y rejuvenecer las plantillas”, explican sobre el primer texto. Esta modalidad se usa en el sector manufacturero, especialmente en las fábricas de coches. De primeras consideran “nociva, peligrosa e irresponsable” la propuesta.
El máximo objetivo que se persigue en la actual reforma de las pensiones pasa por generalizar la salida progresiva del mercado laboral, mejorar el número de ocupados con carreras laborales más largas y cómodas en los años previos a la jubilación. Para aplacar el impacto financiero de las jubilaciones anticipadas, aquellas que se dan antes de la edad ordinaria de jubilación que marcan los 65 años, quieren evitar la pérdida prematura de fuerza laboral.
Un desincentivo
El Gobierno ha lanzado este primer señuelo que, a percepción de los miembros del diálogo social, trata de desincentivar el adelanto a la jubilación con un endurecimiento de las condiciones. “Es una manera de intentar eliminar este recurso que
Las profesiones penosas, duras o tóxicas se podrán retirar también desde los 62 años
El primer señuelo del Gobierno tiene el rechazo de sindicatos y empresarios
viene bien para la productividad, para el empleo, la actividad y el rejuvenecimiento de las plantillas”, critican estas mismas fuentes. Los expertos consultados apuntan en esa misma dirección: la propuesta da un paso atrás al restar flexibilidad a este colectivo.
Entre otras condiciones puestas sobre la mesa, el Gobierno exige que haya una planificación de las salidas anticipadas o prematuras a través del convenio colectivo del sector. De igual manera, establece como condicionante que la empresa cuente con una plantilla con mayoría de contratos indefinidos (85%).