La Carta Social Europea abre una nueva brecha en Moncloa
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado nada disimuladamente su apoyo a esta denuncia, al que también se ha sumado CCOO, lo que ha generado no pocas fricciones en el seno del Gobierno de coalición. Y es que las alegaciones que la Abogacía del Estado presentó ante el CEDS rechazaban los argumentos sindicales, aunque avalaban que las citadas sentencias ya eran prueba de que la ley española permitía excepciones para aquellos casos en los que la indemnización recibida era demasiado baja.
En el programa electoral de Sumar, Díaz insistió en las ideas de un cambio legal que no solo incluyeron una propuesta de indemnización variable (y mínima para los empleos de muy corta duración), sino revisar la causalidad de los ceses sen periodo de prueba.
Finalmente, se comprometió con Pedro Sánchez a “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. Como era previsible, el órgano dependiente del Consejo Europeo sigue la misma doctrina que ha aplicado en los casos de Finlandia, Francia e Italia y ha fallado en contra de la ley española.
Pero esto, en lugar de aclarar las posiciones, despierta todavía más incertidumbres legislativas y jurídicas en una cuestión en la que ni siquiera el Gobierno mantiene posiciones alineadas. Lo revela la ambigüedad del Plan Anual Normativo para 2024 presentado hace unos días por el Gobierno, donde ratifica para este mismo año la aprobación de una “Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de despido”.
Pero su descripción se limita a repetir lo recogido en el acuerdo suscrito en noviembre por Sánchez y Díaz, con el añadido de eliminar “el despido automático de las personas con discapacidad sobrevenida”. Algo que no estaba en la agenda de Trabajo pero que se ve obligado a introducir por una reciente sentencia del TJUE.