Moncloa entrará en proyectos digitales y de energía para atraer inversores
Su participación se articulará a través del fondo Foco, dotado con 2.000 millones
El Gobierno aprueba la regulación del Fondo de Coinversión (Foco) en un intento de elevar la inversión extranjera en aquellas industrias consideradas estratégicas para España a través de la participación del Estado. Economía señala a la transición energética, la digitalización o la movilidad sostenible como prioritarios. El mecanismo estará dotado con 2.000 millones de euros procedentes de la financiación europea proporcionada por la Adenda al Plan de Recuperación aprobada por Bruselas el pasado año. El instrumento financiará –junto a fondos soberanos internacionales– parte de los proyectos que las empresas quieran implantar en territorio nacional, y servirá como aval para atraer la inversión de terceros, que podrán ser tanto instituciones financieras públicas como inversores institucionales privados extranjeros.
No obstante, el fondo pone varias condicionantes. Los proyectos deberán estar dirigidos a sectores clave para la transformación de la economía, como el desarrollo digital o la transición energética, ambos considerados determinantes para garantizar la autonomía de la industria española. Además, las empresas deben cumplir varios requisitos. Deben tener sede social en la Unión Europea, una delegación en España, estar al día en sus obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda, no ser contaminantes y contar con un informe de viabilidad financiera. El Gobierno encomendará la selección de los proyectos a un panel de expertos independientes. Ellos harán un primer cribado, pero la última palabra la tendrá un comité en el que estarán representados varios ministerios. Estará presidido por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. Esta comisión podrá vetar las inversiones preseleccionadas por el equipo de expertos, o dar su visto bueno para que la Compañía Española de Financiación al desarrollo (Cofides) gestione la participación pública, que tendrá carácter temporal y aceptará operaciones hasta 2026. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pone así en marcha una nueva vía para apuntalar el crecimiento económico, en un año clave en el que el PIB deberá sostenerse sobre la inversión, y en un contexto incierto en el que la deriva de
la guerra en Ucrania y en Gaza, y el posible retorno del conflicto comercial entre EEUU y China –por el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca– amenazan con provocar otro tsunami en las reglas del comercio internacional.
Según el documento aprobado ayer en Consejo de Ministros, el Estado tendrá un rol pasivo en la gestión de las empresas participadas, aunque se reserva la posibilidad excepcional de intervenir en la dirección. La inversión pública computará como deuda, y –aunque no pretende decidir el curso de la gestión– si compartirá ganancias o pérdidas con el resto de participantes.
La inyección de capital se realizará mediante instrumentos de capital o mediante aportaciones a fondos de inversión, actuando como un fondo de fondos. El documento deja claro que la participación del Estado no podrá rebasar el 49% del total. Es decir, “la aportación del inversor extranjero tiene que ser siempre igual o superior a la de Foco”, describen las reglas del mecanismo. ferroviaria española. Tras la oferta se ocultaba el grupo inversor liderado por el empresario András Tombor. Moncloa teme que Tombor responda a intereses rusos.
No es el único movimiento para garantizar el músculo productivo nacional. Economía sigue presionando para que la Comisión Europea autorice de una vez la compra de Air Europa por parte de IAG. La operación consolidaría al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como uno de los principales hub a nivel mundial. “Podríamos tener un buen matching entre una empresa con esa escala y un aeropuerto tan potente. Esto sería un elemento estratégico importante”, aseguró Cuerpo.