NUEVOS MODELOS CON LA PARTICIPACIÓN PRIVADA
La concesión de infraestructuras nuevas está en desuso en España por los límites a la rentabilidad. La colaboración público-privada emerge como un instrumento habitual en las grandes economías
presas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), se reclama al Gobierno que plantee a la Comisión Europea una prórroga de la fecha de terminación del programa Next Generation EU de al menos dos años –hasta 2028–, lo que requerirá el consenso de la UE.
Con esta extensión del plazo, a juicio de la organización, se facilitaría la promoción y financiación de infraestructuras de transporte y agua de las Comunidades Autónomas con cargo al Fondo de Resiliencia Autonómico. Julián Núñez, presidente de Seopan, incidió recientemente en la importancia de esta extensión temporal para que las “líneas de préstamos se puedan implementar en obra civil”. Y consideró que “está justificada por todo el impacto que ha tenido en el desarrollo de la actividad” la inflación, la guerra de Ucrania o la crisis del Mar Rojo.
Los fondos europeos, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la colaboración público-privada, de concretarse esquemas que la faciliten, serán las fuentes de financiación para cubrir las necesidades de infraestructuras en España. Seopan ha actualizado las necesidades de inversión en a medio plazo y eleva la cifra hasta los 240.000 millones. De ellos, 178.000 millones corresponden a proyectos ya planificados y 62.000 millones a la modernización y mejora del stock de capital público. Por segmentos, movilidad de viajeros y mercancías representa 112.000 millones; agua y medioambiente 64.000 millones y energía asociada a redes y eficiencia energética 54.175 millones.
Evolución
Por el momento, los Fondos Next Generation han asignado 11.619 millones para infraestructuras. De ellos, 5.781 millones corresponden directamente al Ministerio de Transportes, 1.463 millones al Ministerio de Transición Ecológica, 1.639 millones a las Comunidades Autónomas y 2.736 millones a las entidades locales. En 2023, las Administraciones licitaron con cargo a los fondos europeos 3.526 millones de euros, lo que representa el 12,5% del total nacional y el 20,4% de la obra civil. En concreto, Transportes licitó el 52,4% de las subvenciones (1.848 millones), impulsado por Adif. El resto de ministerios copan el 27,6%, las comunidades autónomas el 10,5% y las corporaciones locales el 9,4%. Asimismo, se adjudicaron 3.291 millones en obras con fondos del Plan de Recuperación, lo que equivale al 16,8% de la contratación nacional y el 27% de la obra civil. Entre 2019 y 2023, se han licitado 11.592 millones, el 17,6% del total de la obra civil, y se han adjudicado 9.186 millones (el 22%).
El Ministerio de Transportes ha cumplido con los objetivos fijados. Así, el departamento que ahora dirige Óscar Puente tenía asignados 11.236 millones y ha movilizado una cantidad incluso superior, de 11.520 millones, según los últimos datos facilitados por el Ministerio correspondientes al 29 de febrero de 2024. Transportes cuenta con una dotación en inversiones directas de 7.603 millones con cargo al Plan de Recuperación, ha licitado por un importe de 7.967 millones y ha adjudicado por 6.687 millones. Destacan Adif, con 5.974 millones dotados, 6.582 millones licitados y 5.652 millones contratados. De ellos, Cercanías acapara 1.501 millones de dotación, 2.026 millones de licitación y 1.691 millones de contratación; y los corredores Mediterráneo y Atlántico y la intermodalidad abarcan 4.472 millones dotados, 4.556 millones licitados y 3.961 millones adjudicados.
La licitación de concesiones se reactivó en 2023 hasta superar los 6.000 millones de euros. Destacan el Plan extraordinario de carreteras de Aragón por un importe de 2.652 millones de euros, la concesión de obras para la construcción y explotación del complejo ambiental en Colmenar Viejo (Comunidad de Madrid), por 891 millones, y la concesión de servicios para la gestión del servicio público de transferencia y tratamiento de residuos municipales de las entidades locales integradas en el Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense y en el Consorcio del Sector II de la provincia de Almería por 451 millones.
En 2023, la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) recibió 25 solicitudes de expedientes, 24 solicitados por las Comunidades Autónomas y uno por el Estado. De ellos, 17 se corresponden a contratos de concesión de servicios y ocho de concesiones de obras. Sin embargo, 12 de los 25 contratos no se tramitaron, por inadmisión o desistimiento. Se evacuaron 13 informes preceptivos, de los que dos fueron por restablecimiento del equilibrio económico de contratos anteriores, en seis no se consideró que hubiera transferencia real del riesgo operacional y en dos no justificaron adecuadamente el periodo de recuperación de la inversión.
El escenario descrito, pese a la mejora del último ejercicio, revela que los modelos concesionales están en desuso en España, sobre todo si se compara con lo que ocurre en la mayoría de grandes economías del mundo. La colaboración público-privada, a través de contratos en régimen de concesión para recuperar la inversión, es un instrumento extendido en potencias como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Australia y también en países en vías de desarrollo como Chile, Perú, Colombia o Brasil. En España, sin embargo, las condiciones regulatorias provocan que los inversores no encuentren rentabilidades suficientes, perdiéndose la oportunidad de desarrollar proyectos de infraestructuras con la participación de la inversión privada. Desde las constructoras llevan años pidiendo cambiar la ley de desindexación de la economía española para que la tasa de descuento sea más atractiva, sin que hasta la fecha el Ministerio de Hacienda haya dado pasos al respecto.
De hecho, un informe reciente de la OIReScon (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación) sobre la actividad concesional pone de relieve la escasa relevancia en la contratación pública, de apenas el 3,4%, que hay una concurrencia media de 1,9 licitadores/contrato, que 20,5% de licitaciones quedan desiertas y que 2,2% de contratos no terminan de realizarse. sin realizar. Además, en ninguno de los países analizados se regula la tasa de descuento para determinar la duración del contrato de concesión, recomendando la OIReScon tres alternativas de mejora: modificar la Ley de Contratos del Sector Público o reglamento específico para determinar el periodo de recuperación de la inversión utilizando la metodología del coste medio ponderando del capital; modificar el RD 55/2017 adecuando la referencia del bono al plazo del contrato, ampliando el diferencial hasta 300 puntos básicos -desde los 200 actuales- y con la posibilidad de 100 puntos básicos adicionales en casos de riesgo; y solicitar la tasa de referencia de mercado a cinco operadores económicos.
Demandas
La Asociacion de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) reclama al Gobierno cambios en la Ley de Contratos Públicos para impulsar las concesiones, con una mejora del retorno de la inversión.
En paralelo, para acelerar la inversión en infraestructuras, Seopan ha remitido al Gobierno y a otras instituciones una propuesta para implantar un nuevo modelo colaborativo de coste objetivo similar al que se utilizan en otros países y que no precisa modificaciones en la Ley de Contratos del Sector Público. La organización plantea su implementación en contratos piloto a través de un procedimiento competitivo que posibilitará un mayor cumplimiento de plazos y presupuestos, la compartición de ahorros y costes entre el sector público y el privado y el impulso a la innovación y la transparencia.