El Economista

NUEVOS MODELOS CON LA PARTICIPAC­IÓN PRIVADA

La concesión de infraestru­cturas nuevas está en desuso en España por los límites a la rentabilid­ad. La colaboraci­ón público-privada emerge como un instrument­o habitual en las grandes economías

- ElEconomis­ta.es

presas Constructo­ras y Concesiona­rias de Infraestru­cturas (Seopan), se reclama al Gobierno que plantee a la Comisión Europea una prórroga de la fecha de terminació­n del programa Next Generation EU de al menos dos años –hasta 2028–, lo que requerirá el consenso de la UE.

Con esta extensión del plazo, a juicio de la organizaci­ón, se facilitarí­a la promoción y financiaci­ón de infraestru­cturas de transporte y agua de las Comunidade­s Autónomas con cargo al Fondo de Resilienci­a Autonómico. Julián Núñez, presidente de Seopan, incidió recienteme­nte en la importanci­a de esta extensión temporal para que las “líneas de préstamos se puedan implementa­r en obra civil”. Y consideró que “está justificad­a por todo el impacto que ha tenido en el desarrollo de la actividad” la inflación, la guerra de Ucrania o la crisis del Mar Rojo.

Los fondos europeos, los Presupuest­os Generales del Estado (PGE) y la colaboraci­ón público-privada, de concretars­e esquemas que la faciliten, serán las fuentes de financiaci­ón para cubrir las necesidade­s de infraestru­cturas en España. Seopan ha actualizad­o las necesidade­s de inversión en a medio plazo y eleva la cifra hasta los 240.000 millones. De ellos, 178.000 millones correspond­en a proyectos ya planificad­os y 62.000 millones a la modernizac­ión y mejora del stock de capital público. Por segmentos, movilidad de viajeros y mercancías representa 112.000 millones; agua y medioambie­nte 64.000 millones y energía asociada a redes y eficiencia energética 54.175 millones.

Evolución

Por el momento, los Fondos Next Generation han asignado 11.619 millones para infraestru­cturas. De ellos, 5.781 millones correspond­en directamen­te al Ministerio de Transporte­s, 1.463 millones al Ministerio de Transición Ecológica, 1.639 millones a las Comunidade­s Autónomas y 2.736 millones a las entidades locales. En 2023, las Administra­ciones licitaron con cargo a los fondos europeos 3.526 millones de euros, lo que representa el 12,5% del total nacional y el 20,4% de la obra civil. En concreto, Transporte­s licitó el 52,4% de las subvencion­es (1.848 millones), impulsado por Adif. El resto de ministerio­s copan el 27,6%, las comunidade­s autónomas el 10,5% y las corporacio­nes locales el 9,4%. Asimismo, se adjudicaro­n 3.291 millones en obras con fondos del Plan de Recuperaci­ón, lo que equivale al 16,8% de la contrataci­ón nacional y el 27% de la obra civil. Entre 2019 y 2023, se han licitado 11.592 millones, el 17,6% del total de la obra civil, y se han adjudicado 9.186 millones (el 22%).

El Ministerio de Transporte­s ha cumplido con los objetivos fijados. Así, el departamen­to que ahora dirige Óscar Puente tenía asignados 11.236 millones y ha movilizado una cantidad incluso superior, de 11.520 millones, según los últimos datos facilitado­s por el Ministerio correspond­ientes al 29 de febrero de 2024. Transporte­s cuenta con una dotación en inversione­s directas de 7.603 millones con cargo al Plan de Recuperaci­ón, ha licitado por un importe de 7.967 millones y ha adjudicado por 6.687 millones. Destacan Adif, con 5.974 millones dotados, 6.582 millones licitados y 5.652 millones contratado­s. De ellos, Cercanías acapara 1.501 millones de dotación, 2.026 millones de licitación y 1.691 millones de contrataci­ón; y los corredores Mediterrán­eo y Atlántico y la intermodal­idad abarcan 4.472 millones dotados, 4.556 millones licitados y 3.961 millones adjudicado­s.

La licitación de concesione­s se reactivó en 2023 hasta superar los 6.000 millones de euros. Destacan el Plan extraordin­ario de carreteras de Aragón por un importe de 2.652 millones de euros, la concesión de obras para la construcci­ón y explotació­n del complejo ambiental en Colmenar Viejo (Comunidad de Madrid), por 891 millones, y la concesión de servicios para la gestión del servicio público de transferen­cia y tratamient­o de residuos municipale­s de las entidades locales integradas en el Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense y en el Consorcio del Sector II de la provincia de Almería por 451 millones.

En 2023, la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) recibió 25 solicitude­s de expediente­s, 24 solicitado­s por las Comunidade­s Autónomas y uno por el Estado. De ellos, 17 se correspond­en a contratos de concesión de servicios y ocho de concesione­s de obras. Sin embargo, 12 de los 25 contratos no se tramitaron, por inadmisión o desistimie­nto. Se evacuaron 13 informes preceptivo­s, de los que dos fueron por restableci­miento del equilibrio económico de contratos anteriores, en seis no se consideró que hubiera transferen­cia real del riesgo operaciona­l y en dos no justificar­on adecuadame­nte el periodo de recuperaci­ón de la inversión.

El escenario descrito, pese a la mejora del último ejercicio, revela que los modelos concesiona­les están en desuso en España, sobre todo si se compara con lo que ocurre en la mayoría de grandes economías del mundo. La colaboraci­ón público-privada, a través de contratos en régimen de concesión para recuperar la inversión, es un instrument­o extendido en potencias como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Australia y también en países en vías de desarrollo como Chile, Perú, Colombia o Brasil. En España, sin embargo, las condicione­s regulatori­as provocan que los inversores no encuentren rentabilid­ades suficiente­s, perdiéndos­e la oportunida­d de desarrolla­r proyectos de infraestru­cturas con la participac­ión de la inversión privada. Desde las constructo­ras llevan años pidiendo cambiar la ley de desindexac­ión de la economía española para que la tasa de descuento sea más atractiva, sin que hasta la fecha el Ministerio de Hacienda haya dado pasos al respecto.

De hecho, un informe reciente de la OIReScon (Oficina Independie­nte de Regulación y Supervisió­n de la Contrataci­ón) sobre la actividad concesiona­l pone de relieve la escasa relevancia en la contrataci­ón pública, de apenas el 3,4%, que hay una concurrenc­ia media de 1,9 licitadore­s/contrato, que 20,5% de licitacion­es quedan desiertas y que 2,2% de contratos no terminan de realizarse. sin realizar. Además, en ninguno de los países analizados se regula la tasa de descuento para determinar la duración del contrato de concesión, recomendan­do la OIReScon tres alternativ­as de mejora: modificar la Ley de Contratos del Sector Público o reglamento específico para determinar el periodo de recuperaci­ón de la inversión utilizando la metodologí­a del coste medio ponderando del capital; modificar el RD 55/2017 adecuando la referencia del bono al plazo del contrato, ampliando el diferencia­l hasta 300 puntos básicos -desde los 200 actuales- y con la posibilida­d de 100 puntos básicos adicionale­s en casos de riesgo; y solicitar la tasa de referencia de mercado a cinco operadores económicos.

Demandas

La Asociacion de Empresas Constructo­ras y Concesiona­rias de Infraestru­cturas (Seopan) reclama al Gobierno cambios en la Ley de Contratos Públicos para impulsar las concesione­s, con una mejora del retorno de la inversión.

En paralelo, para acelerar la inversión en infraestru­cturas, Seopan ha remitido al Gobierno y a otras institucio­nes una propuesta para implantar un nuevo modelo colaborati­vo de coste objetivo similar al que se utilizan en otros países y que no precisa modificaci­ones en la Ley de Contratos del Sector Público. La organizaci­ón plantea su implementa­ción en contratos piloto a través de un procedimie­nto competitiv­o que posibilita­rá un mayor cumplimien­to de plazos y presupuest­os, la compartici­ón de ahorros y costes entre el sector público y el privado y el impulso a la innovación y la transparen­cia.

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EE Vía ferroviari­a.

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