IMPUESTOS PARA REDUCIR LAS EMISIONES
El Gobierno busca implementar un nuevo sistema para el cálculo de los peajes en las autopistas con el objetivo de descarbonizar el sector del transporte
El Gobierno implementará un nuevo sistema para calcular los peajes de las autopistas por el que incentivará el uso de vehículos no contaminantes. Esta medida responde a la obligación de transponer la directiva 2022/362 de la Unión Europea (UE) de 24 de febrero de 2022 para la descarbonización del sector del transporte terrestre.
El Consejo de Ministros aprobará en los próximos meses un Real Decreto (RD) para su transposición al ordenamiento jurídico español. La nueva metodología para fijar los peajes no afectará a las autopistas de pago en régimen de concesión con empresas privadas, pero sí a las nueve vías que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), entre las que figuran las radiales de Madrid.
La trasposición de la Directiva solo establece el marco en el que deben insertarse los peajes. Su artículo 1 introduce cambios en el método de cálculo de los peajes, como la obligatoriedad de incorporar los costes provocados por la contaminación a los peajes aplicados a los vehículos pesados, así como
La nueva Directiva exige a los Estados miembros que introduzcan un impuesto sobre las emisiones de CO2
la posibilidad de internalizar los costes de congestión y los costes externos.
En concreto, la Directiva implicará la modificación del cálculo de los peajes en las autopistas que gestiona Seitt para vehículos pesados, que se determinará en función de muchos factores. El cambio en el sistema para los pesados se aplicará a partir de marzo de 2026 y previsiblemente conllevará que los vehículos menos contaminantes pagarán menos por el uso de estas carreteras. Desde el Ministerio de Transportes explican que estas autopistas “tienen un tráfico de pesados muy reducido y todas tienen autovías libres gratuitas como alternativa”.
La nueva normativa sentará las bases para el cálculo de los peajes que pudieran implantarse en el futuro, si bien el Gobierno actual ha descartado introducir el pago por uso en la red de carreteras de alta capacidad -y se mantiene en esta posición- y hace seis años ya decidió que todas las autopistas de peaje que finalizaran sus contratos revirtieran al Estado y levantaran las barreras. La aprobación de este RD, por tanto, no implica la creación de nuevos peajes ni la modificación del sistema tarifario vigente en las autopistas en régimen de concesión.
La Directiva modifica las Directivas 1999/62/CE y 1999/37/CE y (UE) 2019/520 en lo que respecta a la aplicación de gravámenes. La nueva Directiva exige a los Estados miembros que introduzcan un impuesto sobre las emisiones de CO2 en la fiscalidad de los vehículos por el uso de determinadas infraestructuras.