El ‘adiós’ del presidente tumbaría 7 grandes reformas
La repetición electoral cerraría la puerta a 17.500 millones en fondos europeos, a los presupuestos y a medidas estratégicas
La apnea institucional decretada por el presidente del Gobierno abre un abanico de escenarios entre los que se encuentra su dimisión e –incluso– un nuevo anticipo electoral que paralice o anule la agenda política que Pedro Sánchez dibujó en octubre, tras ser investido por el Congreso de los Diputados. De la decisión del jefe del Ejecutivo dependerá la llegada de 17.500 millones procedentes del cuarto y quinto desembolso de los fondos europeos, y la redacción de unos presupuestos –los de 2025– que ya han comenzado a gestarse en el seno de La Moncloa con la intención de ser aprobados antes del verano. Su posible renuncia total, devolvería a España a un impasse ejecutivo que situaría –de nuevo– al proyecto de las cuentas públicas aparcado en un cajón, junto a la hoja de ruta pactada con Bruselas y la llegada de los pagos pendientes procedentes de los Next Generation, ligados a hitos reformistas.
Si Sánchez opta –finalmente– por dinamitar la corta legislatura, el vendaval electoral detendrá la actividad parlamentaria, y consigo la elaboración de unas nuevas cuentas, obligando a prorrogar las diseñadas para 2023 por segundo año consecutivo. Lo mismo ocurrirá con la senda fiscal y el techo de gasto, redactados para un contexto diferente al que anticipa el próximo año, un 2025 en el que las reglas fiscales retornan con la exigencia de cumplir con una estrategia de gasto, que el ministerio de Economía y el de Hacienda deberían enviar a la Comisión Europea el próximo mes de septiembre.
En el aire quedaría –además– reformas pendientes, como la que debe regular el subsidio por desempleo en respuesta al hito 10 del Componente 23. No cumplir con su aprobación supondría renunciar a un parte importante de los 10.000 millones procedentes del cuarto tramo de los NextGen. Lo mismo ocurrirá con la larga lista de reformas incluidas en el quinto pago –de 7.500 millones– que España debía haber presentado en 2023, pero que sigue siendo aplazada debido a la fragilidad parlamentaria y a la complejidad de la reforma fiscal.
Al margen avanzan las medidas que los diferentes ministerios están negociando. Una de ellas –clave para la salud de la recaudación– es la permanencia de los impuestos extraordinarios a la banca y energéticas, que en 2023 generaron unos ingresos cercanos a los 3.000 millones de euros.
También aspectos como la mejora de la productividad –incapaz de remontar desde el inicio de la pandemia– se detendría. El equipo del titular de Economía –Carlos Cuerpo– sigue pendiente del análisis del Consejo de la Productividad, sobre el que deberían basarse las medidas de corrección de uno de los desequilibrios que presenta el mercado laboral. Otra que quedaría en parálisis es la reforma de la financiación autonómica, que la vicepresidenta primera –María Jesús Montero– ha incluido en la ronda de contactos que ha abierto con los gobiernos regionales.