EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO Y SU COSTE

El mundo envejece, y España envejece aún más. De hecho, España ya ha envejecido debido a la combinación del aumento continuado de la esperanza de vida, y de la caída, también continuada, de la natalidad. Esto se ha compensado, parcialmente, con la inmigración. Estos factores demográficos condicionarán más que ninguna otra cosa la economía en España, como ya lo han hecho en países que nos llevan la delantera en este proceso como Japón.

El coste directo del envejecimiento es el más importante para las Arcas Públicas. Fundamentalmente es una cuestión de pensiones, pero tampoco podemos olvidar el aumento del gasto en sanidad y dependencia. También es cierto que el gasto en educación debería disminuir. Con esos mimbres, la Comisión Europea realiza un informe sobre el coste del envejecimiento a largo plazo en los países de la UE y algunos otros. Las perspectivas que da para España el reciente informe 2024 son extraordinariamente sombrías.

Antes de entrar en números, todos sabemos que no es la primera vez que se ven estas perspectivas. Durante los años 90, también se habló de este tipo de problemas. Sin embargo, el crecimiento, y la inmigración, entre 1996 y 2007 batieron todos los récords, y alejaron el problema. Pero, si tomamos la perspectiva de los últimos quince años, el panorama cambia. En 2007, el gasto total en pensiones fue de 91.458 millones de euros, un 8,5% del PIB. En este 2023, las pensiones públicas ascendieron a 190.687 millones de euros, un 13,04% del PIB. Recaudamos más que 2007, y si no fuese por el aumento del gasto de pensiones, también tendríamos superávit, aunque inferior, en nuestras cuentas públicas, y no un déficit del 3,64%.

Si a partir de aquí, aumentan de forma importante las necesidades de gasto, sobre todo en pensiones, pero también en sanidad y dependencia, los aumentos en el nivel de impuestos y cotizaciones tendrán que ser muy importantes. Y esto afectará, negativamente, al crecimiento económico. Con todo, tampoco es posible, incrementar de forma permanente el déficit público porque eso nos llevaría a una crisis fiscal, incluso peor que la de 2008-2013.

La previsión de la Comisión Europea no era buena en el Ageing Report de hace tres años, pero la última de 2024 es simplemente pésima. Según las estimaciones de la Comisión, España aumentará su gasto público por el envejecimiento para 2070 en 6,6 puntos del PIB, con respecto al estimado tres años antes, y todo debido a los “cambios legislativos” (driven by policy measures). España tenía un gasto público derivado del envejecimiento, es decir entre pensiones, sanidad y dependencia, del 23,9% del PIB en 2022. La previsión es que este gasto alcance el 29% en 2070, al nivel de los más elevados de Europa, como el de Francia o Alemania, que son mucho más ricas que España.

Pues toda esta diferencia a la que habría que añadir 1,5 puntos, se debe a la reforma de las pensiones de 2022. Con el PIB actual 6,6 puntos son 100.000 millones de euros. Nunca he visto que el coste previsto de una reforma sea de esta magnitud. A un plazo no tan largo, la estimación es que en 2030 el aumento del gasto público será de 1,9 puntos, y en 2040 de 3,2 puntos (cerca de 50.000 millones de euros con el PIB actual). Es mucho dinero, pero menos de lo que ha crecido el gasto en pensiones entre 2007 y 2022.

¿Se ha pasado la Comisión Europea con su estimación? El Ministerio de Economía también incluye la suya en el Ageing Report,

y señala que, en 2070, antes de la reforma del 22 el gasto en pensiones iba a ser del 11,7% del PIB (ahora estamos algo por encima del 13%), y que, tras la reforma se iba a quedar en el 16,7% del PIB. Esto es 1,6 puntos menos, pero siguen siendo más de 80.000 millones adicionales que habría que recaudar (tomando el PIB actual).

El lector se puede preguntar cómo, con semejante panorama, la Comisión Europea aprobó la reforma de las pensiones, que era uno de los compromisos de España en el plan de Recuperación. Yo también me lo pregunto, aunque lo cierto es que estas estimaciones son posteriores, y que hasta ahora sólo hemos hablado de gastos, y no de los ingresos. Aquí también hay que tener en cuenta una cláusula de ajuste automático. Si se observan desequilibrios, habrá que tomar medidas de ajuste. Será la Airef la encargada de certificar, el año que viene, si hay desequilibrios. Si no hay un acuerdo legislativo para tomar otro tipo de medidas, aumentarán las cotizaciones sociales un 0,8% del PIB.

Esto supondría un aumento de aproximadamente el 8% en las cotizaciones, ya que, este aumento reduciría la recaudación de IRPF y Sociedades, en la que las cotizaciones son un gasto deducible. Esto supondría aumentar, aproximadamente en 0,6 puntos las cotizaciones de los trabajadores, y 2,6 puntos las empresariales. Las consecuencias serían un aumento del coste laboral y una reducción del salario neto. Las implicaciones son reducir la oferta agregada, por aumento de costes empresariales, y, al mismo tiempo, deprimir la demanda.

Esto también llevaría a un nuevo aumento de los costes laborales, totales y por unidad de producto. Esto ha venido pasando desde el final de la pandemia, y era una cuestión de tiempo que se acabase reflejando en el empleo, como, desgraciadamente se pudo ver en la última EPA que salió publicada ayer. El aumento de costes acaba afectando también no sólo a los sueldos, sino también al número de personas empleadas, y un aumento sustancial de la cotización no será una excepción.

En cualquier caso, recaudar un 0,8% más del PIB palia el problema, pero dadas las cifras, tampoco lo resolvería, y mucho menos por completo, con lo que, “…seguramente, tengamos que enfrentarnos a la vez a disposiciones de ambos tipos: una subida de cotizaciones y/o impuestos, medidas de contención del gasto, un aumento de la edad efectiva de jubilación y un cálculo de la pensión media que tenga en cuenta todos los años de cotización y también la esperanza de vida real tras la jubilación. Me gustaría que los números fuesen otros y que todo esto no llegase a ser nunca necesario, pero no es lo más probable.

Es cierto que este tipo de previsiones se hicieron en los años noventa y fallaron, ya que la llegada masiva de inmigrantes y el crecimiento de la década 1996-2007 superaron todas las previsiones. Con todo, no parece que la historia vaya a repetirse. Como en tantas otras ocasiones, me gustaría mucho estar equivocado, pero la factura de la transición demográfica no va a ser pequeña, y la tendremos que pagar todos. No pueden correr con el gasto sólo los pensionistas o sólo los trabajadores y contribuyentes actuales o futuros. No es una cuestión de justicia intergeneracional, sino simplemente de viabilidad.

Esto es lo que escribí en mi último libro de 2023, “Y esto, ¿quién lo paga”, antes de la reforma de las pensiones. Me gustaría haberme equivocado, y que ahora, también la Comisión Europea y el Ministerio de Economía estuviesen equivocados. Pero, aunque lo estuviésemos, el envejecimiento, y sus costes, es el desafío más importante al que nos enfrentaremos en España, en Europa y en el mundo. Es el elefante en la habitación, y cuanto antes se tomen medidas para sacarlo, menos difícil será.

Es el mayor reto y, cuanto antes se tomen medidas, menos difícil será abordarlo