El empresariado presiona por una rebaja de impuestos casi imposible
Solo ‘Junts’ se posiciona abiertamente a favor de reducir la presión fiscal
“Cataluña es un infierno fiscal para las empresas y las personas”. Así de contundente se expresó Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, en la presentación del Libro Verde de la fiscalidad catalana elaborado por la patronal hace apenas dos semanas. Los empresarios aspiran a que el Govern surgido de las urnas el 12 de mayo rebaje la presión tributaria sobre el sector. Un deseo complicado a simple vista a tenor de las diferentes configuraciones que pueden dar los resultados electorales.
A pesar de las desavenencias evidentes a nivel estatal, la mayor parte del empresariado en Cataluña mira al PSC –favorito para erigirse como primera fuerza en el Parlament– como una opción cercana a sus intereses, principalmente por la estabilidad que tanto reclaman para el territorio tras años marcados por el conflicto soberanista y denuncias de inseguridad jurídica. De este apoyo implícito esperan que salga algún tipo de guiño en materia impositiva, aunque la política de Pedro Sánchez se haya dirigido en la línea opuesta.
Es cierto que Illa dijo en un coloquio en el Círculo Ecuestre que no bajaría impuestos, pero en el programa electoral la formación socialista sí admite que realizará un análisis sobre “la eficacia de los impuestos propios –Cataluña tiene 15– en relación a los objetivos que justificaron su aprobación e implantación con avaluaciones que determinen si existe o no una relación real y comprobable entre estos objetivos y la realidad”. El gesto que espera el empresariado podría llegar por aquí, pese a que el candidato señaló en el mismo evento que la presión fiscal catalana está tres puntos por debajo de la media europea.
En lo que respecta a los partidos independentistas, existen puntos en común con ERC en la necesidad de una reforma de la financiación para Cataluña, aunque el Ejecutivo autonómico actual no parece por la labor de destinar el mayor volumen de recursos a una rebaja impositiva. Más bien piensa en incrementar el gasto social, como así señaló durante la presentación de su modelo de financiación hace un mes.
En la hoja de ruta de cara al 12M, la formación que lidera Pere Aragonès dice que desarrollará el impuesto sobre las emisiones en el puerto a grandes embarcaciones y el impuesto sobre las actividades económicas que generan gases de efecto invernadero. También pretende hacer permanentes los tributos a la banca y las energéticas, reformular las tasas sobre estancias turísticas y hacer que las plataformas de comercio electrónico paguen el impuesto a las grandes superficies comerciales. A cambio, se abren a bonificar el tramo autonómico del IVA de los gastos veterinarios.
Queda entonces la bala de Junts, que sería el aliado natural del empresariado de no ser por el conflicto independentista. Foment del Treball, al menos, no lo da por perdido: pidió a Sánchez que se apoyase en la formación catalana y el PNV como socios para sacar adelante medidas económicas y ya fue a visitar a Carles Puigdemont a Perpiñán. Aunque todavía no presentó el programa electoral, sí se da por hecho que propondrá la supresión de los impuestos de patrimonio y sucesiones. La sintonía se ha recuperado después de las peticiones formuladas al Gobierno en enero de sancionar a las empresas que no devuelvan su sede social a Cataluña e incentivar a las que sí regresen.
De este modo, solo un Govern liderado por Junts atendería abiertamente el programa económico del empresariado. La opción de un tripartito de izquierdas, con PSC, ERC y comuns, echaría por tierra una legislatura más las demandas de rebajar la presión fiscal que, desde hace años, formulan las patronales.
La financiación catalana
En lo que sí existe unidad es en pedir una reforma del modelo de financiación para Cataluña, como quedó claro en la declaración conjunta que una veintena de instituciones lideradas por la Cambra de Barcelona y entre las que estaban Foment, Pimec, Barcelona Global y el Cercle d’Economia. Pedían al Gobierno una reestructuración del modelo que pase por un pacto fiscal para Cataluña o un replanteamiento del reparto de recursos al estilo del que hace Estados Unidos con sus diferentes jurisdicciones.
El comunicado denunciaba que el actual sistema “no es eficiente y representa un obstáculo para el progreso económico y el bienestar de muchas comunidades, no solo Cataluña”. Un modelo federal, aseguran, garantizaría un nuevo sistema transparente y redefiniría la capacidad normativa, gestión y recaudación de todas las comunidades autónomas. El modelo, el estadounidense, “permitiría a las comunidades autónomas disponer de manera directa y dentro del mismo ejercicio fiscal de los ingresos que le corresponden”.
Según los firmantes, la aplicación de esta idea solo requeriría una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). ¿Cómo hacerlo? ERC presentó un modelo para que la Agencia Tributaria de Cataluña recaudase la totalidad de los impuestos, mientras que el PSC pide rescatar el consorcio entre Estado y Generalitat que contempla el Estatut. Pese a los matices, la reforma de la financiación aglutina tanto al empresariado como a los partidos con opción de gobernar.
Empresarios y partidos coinciden en abordar una reforma de la financiación