Puigdemont supedita la contratación pública al apoyo a la independencia
El candidato de Junts quiere exigir también como requisito el uso del catalán
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat Cataluña y candidato de nuevo a ocupar el cargo con Junts, quiere supeditar la contratación pública a un apoyo a la independencia. El Consell de la República, la organización que constituyó en 2018 con el objetivo de impulsar la secesión, deja clara en su hoja de ruta, que aunque haya que cumplir con los requisitos legales en materia de contratación pública, también “hay que dotar al gasto de un sentido republicano”. Por ello, plantea como baremos a la hora de realizar una adjudicación a una u otra empresa el hecho de que no haya posicionado nunca en contra de la independencia o que use el catalán.
Todo ello, además, de tener mejores condiciones laborales, promover la igualdad de género, fomentar la inclusión social o la sostenibilidad ambiental. La meta final que se persigue con todo ello, según explica la organización en su propia página web, es “reducir el grado de dependencia económica de empresas de fuera de los Países Catalanes y contrarias a la independencia”.
El Consell había propuesto ya “a los equipos de gobierno de los ayuntamientos gobernados por fuerzas independentistas un convenio de colaboración” para implantar estos criterios de adjudicación en la contratación pública con el objetivo, según decía, de ir más allá de los criterios meramente económicos y facilitar la ruptura con el Estado español. En el borrador de los convenios, el Consell propondrá en concreto “una guía orientativa para la introducción de cláusulas y buenas prácticas en materia de contratación pública” a los municipios. Además, se plantea a los ayuntamientos la utilización de la denominada identidad digital catalana como documento acreditativo en todas las gestiones administrativas.
Cien mil afiliados
La organización, que cuenta con algo más de 100.000 afiliados y que se financia, según dice, únicamente con las donaciones de los particulares, está presidida por Puigdemont y cuenta con Toni Comín, exconsejero de Sanidad de la Generalitat y actualmente eurodiputado como vicepresidente, el cantautor Lluis Llach como consejero político y Guillem Fuster, uno de los fundadores de la Asamblea Nacional Catalana, como responsable del área económica. En dicha área de trabajo, y al igual que plantea supeditar la contratación pública al apoyo a la independencia o al uso del catalán, Puigdemont defiende también lo que denomina un “consumo institucional”. Con el que se persigue, según el Consell, un doble objetivo: potenciar la economía catalana y disminuir el grado de dependencia económica de las empresas españolas. ¿Por qué? “En una estrategia de ruptura con el Estado español, desarrollar el consumo institucional es fundamental.
Por una parte, esto hace que se fortalezca la economía catalana y, por otra, garantiza la continuidad de la economía y suministros una vez se haga efectiva la desconexión con el Estado”, explica el propio Consell en su hoja de ruta. Puigdemont inició por otro lado la semana pasada una campaña para solicitar préstamos tanto a sus candidatos como militantes para financiar las elecciones.
Donaciones
Según avanzó ya la agencia Efe, Junts pide, en concreto, un mínimo de 6.000 euros a los primeros veinte candidatos de la lista por Barcelona y 3.000 al resto de personas que conformen la lista. En el caso de las circunscripciones de Tarragona, Lleida y Girona, los 6.000 euros son la aportación mínima para los siete primeros de la lista, y 3.000 euros para el resto. En conjunto, las aportaciones de los candidatos de Puigdemont sumarían así 246.000 euros para sufragar los gastos derivados de la campaña. En el caso de los préstamos de militantes y afiliados, los préstamos serán de un mínimo de 1.500 euros por persona y de un máximo de 10.000 y el partido prevé devolverlos con un interés del euríbor más un punto porcentual en un plazo máximo de un año, cuando haya cobrado las subvenciones por los resultados electorales.
En una carta dirigida a los candidatos, Junts justificó la petición de fondos para “contribuir a depender en menor medida de los préstamos bancarios y garantizar una mejor tesorería para hacer frente a los proveedores de forma más rápida”. La formación independentista ya utilizó esta fórmula de microcréditos para sufragar parte de los gastos de las últimas campañas electorales, tanto las anteriores al Parlament como las últimas elecciones al Congreso.
Ayer mismo, además, durante la presentación del programa electoral de Junts, Puigdemont propuso
Junts defiende un “consumo institucional” solo con empresas catalanas
“la cancelación de la deuda con el Estado” y avisó de que “el dinero que se deje de invertir” en esta comunidad “se lo descontaremos” y “si el Estado deja de pagar, nosotros dejaremos de pagar”.
El expresidente resaltó que “se necesita un nuevo impulso, un nuevo comienzo, una reestructuración. Es necesario aprovechar la oportunidad histórica para negociar”. Puigdemont apuesta ahora por que la legislatura que comenzará tras los comicios del 12 de mayo sea la de la “recuperación”. “Afrontamos una gran cantidad de desafíos”, agregó Puigdemont, que tiene entre sus prioridades poner fin a la “discriminación lingüística”, ante, lo que en su opinión es un “trato continuado desfavorable” del Ejecutivo contra Cataluña.